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Por Alejandra Torres, directora ejecutiva de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino). Los argentinos están experimentando la presión impositiva más alta en la historia del país, tal es así que ese nivel se asemeja más a los existentes en países europeos que a los de nuestros vecinos de la región.
No obstante, a pesar de estar pagando impuestos récords, no se han logrado mejoras en la provisión de los servicios públicos básicos, tales como la educación, salud y seguridad.
Este fenómeno está estrechamente asociado a la fuerte concentración de recursos fiscales que realiza el Gobierno nacional. Tres de cada cuatro pesos del aumento de impuestos se lo apropia la Nación.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, hace 10 años la recaudación de impuestos nacionales representaba el 18% del producto interno bruto (PIB), mientras que en la actualidad es del 26%. Este incremento se ha repartido en porciones sumamente desiguales. De cada peso recaudados, 73 centavos fueron a parar al Gobierno nacional y sólo 27 centavos a los gobiernos provinciales y municipales.
Con estos datos resulta fácil explicar el deterioro en la provisión de servicios públicos que, en su mayoría, están a cargo de las autoridades provinciales, mientras que la recaudación va a parar al Gobierno nacional.
La centralización en los recursos fiscales no sólo se refleja en la calidad de los servicios públicos sino que también en las decisiones políticas. No son pocos los casos en los que el Gobierno nacional determinó los candidatos y armados de listas de provincias y municipios, desoyendo las decisiones tomadas en el ámbito local.
Es una tarea pendiente generar las condiciones institucionales para garantizar el correcto funcionamiento de un régimen federal, tanto en la repartición de recursos fiscales como en la política.