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Por Juan Turello. El empleo es, junto a la inseguridad y la inflación, una de las principales inquietudes de la sociedad. El tema volvió a la agenda pública luego de que informes extraoficiales dieran cuenta del despido de más de 100 mil trabajadores en los últimos meses, señala mi nota dominical en La Voz del Interior.
La mitad de esos desocupados pertenece a la construcción, ya que el pago de certificados prácticamente se paralizó desde el 9 de agosto de 2015, tras el incierto resultado de las elecciones primarias.
La Cámara de la Construcción admite que hay unos 54 mil operarios sin empleo.
En Córdoba, Néstor Chavarría, al frente de la UOCRA, estima que unos 700 trabajadores se quedaron sin empleo con la finalización parcial del nuevo vial de El Tropezón y de la autovía Córdoba-Río Cuarto. A nivel privado, sólo se están terminando los proyectos que estaban en ejecución. “Esperamos que a mediados de año se pongan en marcha las grandes obras anunciadas, como los gasoductos y el cierre de la Circunvalación; la situación es muy difícil”, sentenció Chavarría.
La demanda laboral cayó levemente en enero en Córdoba, según la medición del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Los despidos encendieron la alerta en un Gobierno preocupado por contener una inflación indomable.
Martín Amengual, titular de Fundación Mediterránea, señaló a La Voz del Interior, que la entidad le recordó recientemente al presidente Mauricio Macri los proyectos para el desarrollo de 14 polos productivos y la creación de una unidad de cuenta –como en Chile- para alentar la construcción de viviendas. En el país, hay un déficit de 1,5 millones de unidades, según datos oficiales.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno? No es uniforme. El Banco Central aplica una política económica “dura”, es decir, trata de sacar del mercado el exceso de pesos que volcó el kirchnerismo para financiar un déficit de casi 370 mil millones de pesos en 2015. La cantidad de dinero en circulación aumentaba al 40% en relación con 2014. En la actualidad, se redujo a la mitad.
¿A qué costo? Con una tasa del 38% a 35 días como pagó el Banco Central el martes último al colocar Lebac, se frenaron los créditos productivos y cualquier inversión privada está bajo revisión.
La política fiscal optó por un ajuste gradual, que para los ortodoxos –Federico Sturzenegger y Carlos Melconian- supone una incongruencia con la dura política monetaria.
¿Aguanta la sociedad el esquema de precios nuevos con salarios viejos, el desempleo y la caída en la actividad? “La sociedad entiende mejor que la dirigencia política”, reconoce Rodolfo Santángelo, exsocio de Melconian en una consultora económica. Las expectativas favorables en torno de la gestión de Macri le dan la razón.
La menor capacidad de compra de los salarios obligará a bajar los precios. Como ya sucede con las “promos” de las grandes superficies, en el valor de la carne y las “ofertas” para los autos cero kilómetro.
La inflación debería caer al 1% desde julio en adelante, prevé el ministro Alfonso Prat-Gay. Ese sería el límite de la paciencia social.