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Por Claudio Fantini. Ante el riesgo de que la política económica se centrara en imprimir billetes para “poner dinero en el bolsillo de los argentinos”, las medidas económicas implementadas resultan tranquilizadoras. El populismo es posible sólo en tiempos de excedentes. Y más allá de las críticas justificadas, lo cierto es que buscan equilibrios necesarios. Lo inaceptable es el nombre –Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva-, porque resulta una burla y un descaro.
Un grupo de altos funcionarios y de legisladores deciden quiénes deben “ser solidarios” con los que menos tienen, y quiénes pueden seguir aferrados a sus privilegios.
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Esos funcionarios y legisladores, que gozan de muy buenos sueldos, han decidido que solidarios deben ser los jubilados que ganen más de 20 mil pesos mensuales y otros grandes conglomerados que pertenecen principalmente a la clase media.
De los suculentos sueldos de funcionarios de alto rango y de legisladores, o sea de los que deciden quiénes deben ser solidarios, no sale nada para los de ingresos más bajos.
Funcionarios y legisladores -con suculentos sueldos- tuvieron el increíble descaro de mantener intactos sus ingresos y la cobardía de no intentar imponer que los miembros del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias. Quizás no es por cobardía, sino por buscar entendimientos con quienes pueden revertir procesamientos en impunidades.
Ni siquiera han contemplado la posibilidad de recortarse gastos desmesurados que de los altos funcionarios y de los legisladores.
Fue la indignación que generó ver que quiénes deciden quiénes debe ser solidarios eligieron ponerse al margen del recorte que pergeñaron para un ajuste de más de 6.000 millones de dólares. Y lo que finalmente aceptaron cortarse no son sus sueldos, ni buscar que los magistrados judiciales reduzcan sus inaceptables privilegios, sino los gastos desmesurados que impone la política en la estructura del Estado.
Si ahora decidieran lo que vienen eludiendo, o sea reducir o al menos congelar temporalmente los sueldos más altos de la función pública (los demás ya son bajísimos), de los legisladores y de los magistrados, sería una muestra tardía de pudor.
Una dosis mínima, pero pudor al fin.