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Por Claudio Fantini. Nicolás Maduro desnudó una incoherencia, o una hipocresía, del Gobierno argentino. Ni Cristina Kirchner ni nadie en el oficialismo dijeron algo contra la violenta detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Ayer, murió un joven de 14 años baleado por la policía.
La Presidenta, sus funcionarios y el aparato de propaganda kirchnerista califican de “golpismo judicial activo” a la marcha del #18F y a las imputaciones y procesamientos contra ella, contra sus empresas y contra su vicepresidente, pero no ven arbitrariedad judicial alguna en los procesamientos aplicados a casi la mitad de los alcaldes opositores venezolanos.
En la Argentina ven “un golpe en marcha”, pero no consideran golpista la detención -previa una orden judicial- de un gobernante distrital, con mandato electivo, y su inmediata reclusión en una prisión militar.
Para la corriente peronista dominante en el Gobierno, el Navarrazo fue un golpe de Estado. Tiene razón. ¿De qué otro modo puede considerarse lo que hizo Perón el 27 de febrero de 1974 con Ricardo Obregón Cano y Atilio López?
“Que se cocinen en su propia salsa”, dijo aquel presidente con mandato popular al pronunciarse sobre la detención a punta de pistola de las autoridades cordobesas. De ese modo, legitimó el golpe perpetrado por una banda de policías fascistas contra un gobierno legítimo.
Aquel golpe de Estado a nivel provincial fue, finalmente, responsabilidad de un Gobierno nacional que tenía la legitimidad de las urnas. Y el justificativo también fue una “grave” y jamás probada acusación contra el gobernador y su vice: el de impulsar “un plan sedicioso, armando grupos civiles”.
Eso mismo acaba de ocurrir en Venezuela. El alcalde metropolitano de Caracas no es precisamente un santo de la democracia. En 1989, cuando gobernaba el distrito capital, sumó la Policía Metropolitana a la brutal represión militar con que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez respondió al “caracazo”, estallido social provocado por el feroz ajuste que implicó la aplicación del Plan Brady.
Video. Detención de Ledezma por la policía chavista.
Su actitud en el fallido golpe militar de 2002 y la abstención que propició en los comicios legislativos de 2005, que favoreció la hegemonía del chavismo, también son oscuras sombras en la historia de Antonio Ledezma. Pero a la alcaldía capitalina la conquistó en las urnas y esos votos implican fueros y derechos que han sido avasallados.
Algunos gobiernos latinoamericanos callan por cobardía política y otros por complicidad ideológica. El oficialismo argentino podría estar en el segundo grupo.
Al ejemplo de cómo actuar frente a los sucesos de Venezuela, lo dieron los senadores chilenos Isabel Allende Bussi y Juan Pablo Letelier. Ambos reclamaron al gobierno de Michelle Bachelet que exija a Maduro respetar los derechos democráticos, y los dos militan en el Partido Socialista, el mismo al que pertenece la presidenta.
Pero, además de ser oficialistas, son nada menos que los hijos respectivos de dos próceres mártires de la izquierda chilena: del presidente Salvador Allende, muerto en el golpe d 1973, y su canciller Orlando Letelier, asesinado más tarde en Washington por el largo brazo criminal de la dictadura de Augusto Pinochet.