Por Claudio Fantini. El desafío de la dirigencia política de la Argentina, sea oficialista u opositora, es encontrar la razón en común que tuvieron tantas miles de personas en distintas ciudades del país para salir a la calle a protestar, y concretar un banderazo multitudinario. Las razones de la marcha y el impacto en el Gobierno y la oposición.

Hubo quienes se movilizaron empujados por el “hartazgo” con la cuarentena, también los indignados por el tema jubilaciones. Pero parece claro que el intento de imponer una reforma judicial es lo que más irritación generó en la sociedad. Repasemos.

Ocurre que, por más evidentes que sean las patologías de la Justicia y la necesidad de modificarla, el sentido común percibe que si Alberto Fernández le dio prioridad a la reforma judicial es porque su objetivo es dotar a la vicepresidenta Cristina Kirchner del blindaje de impunidad que la rescate de los procesos por corrupción que la acechan.

En la reforma judicial, la sensación es que Alberto Fernández actúa por presión de Cristina Kirchner para lograr impunidad.

Podrá el Gobierno dar todas las explicaciones que quiera, pero imponer ahora una reforma judicial y poner al frente del consejo asesor a Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner, no puede ser leído de otro modo que como una operación para dar impunidad a la líder kirchnerista y a empresarios y a dirigentes de su espacio que participaron de un aparato de corrupción tan grande como visible.

¿Banderazo por la libertad?

Atacar la cuarentena en plena pandemia exhibe más demagogia “libertista” (es decir, una manipulación con fines políticos de un valor tan crucial y profundo como la libertad), que crítica responsable.

Pero la reforma judicial en este momento y con Carlos Beraldi como diseñador principal, no tiene otra lectura posible que no sea la de una operación para salvar a los acusados kirchneristas de corrupción, comenzando por la vicepresidenta.

Fue la gota que colmó un vaso que comenzó a llenarse con el intento fallido de expropiación del Grupo Vicentin. En la maniobra para estatizar la empresa agroexportadora quedó la sensación de que el presidente actuó empujado por el kirchnerismo por razones ideológicas.

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Ésa es la razón del enojo que siente una porción importante de la sociedad.
Que las razones para la indignación sean válidas, como lo son, no significa que el banderazo del 17 de agosto haya sido un acto responsable. No lo fue.

El solo hecho de que exista la posibilidad de que concentraciones de ese tipo provoquen escaladas de contagios, desaconseja convocarlas.

Por cierto, no se puede dudar de las intenciones de Luis Brandoni. No lo moviliza ninguna ambición de poder. Sus buenas intenciones son como su talento artístico: evidentes.

Esta es la paradoja de la protesta. Aciertan los que denuncian la reforma judicial como intento de clausurar procesos de corrupción, pero no es acertado concentrar multitudes, si existe riesgo de generar brotes de contagio.

Por eso en la oposición quedó expuesta una fractura entre una dirigencia dispuesta a incurrir en la demagogia “libertista” de manera irresponsable, y otra dirigencia, que critica del Gobierno lo que debe criticar, pero sin cometer actos irresponsables en plena pandemia, ni bastardear valores tan cruciales como la libertad.

En la vereda de la demagogia “libertista” no está Brandoni, aunque haya sido el principal convocante de la marcha, sino Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entre otros.

En la vereda de la oposición responsable están Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y muchos dirigentes que han comenzado a mostrar y a acelerar su distanciamiento de Macri.

Claudio Fantini

Politólogo y periodista. Analista político en medios argentinos y del exterior. Profesor y mentor de Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Autor de varios libros, el último de los cuales es la La Gravedad del Silencio.