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  • Conmoción por el fallo en el "caso Marita Verón", que disparó la lucha contra la trata de personas

    Publicado: 12/12/2012 // Comentarios: 0

    Pese a que la Justicia tucumana absolvió anoche a los 13 acusados del secuestro de Marita Verón, una joven tucumana presuntamente desaparecida a manos de las redes del comercio humano el 3 de abril de 2002, su caso disparó en el país una mayor conciencia en la lucha contra la trata de personas. La absolución conmocionó al país y las sospechas de corrupción envuelven al poder político en Tucumán a partir de las denuncias de su madre, Susana Trimarco.

    Aunque existían organismos nacionales y provinciales para enfrentar uno de los flagelos de la modernidad, la incansable lucha de esta mujer (en la foto cuando protestó frente a los tribunales tucumanos), disparó una mayor conciencia de la problemática en el país.

    Hasta ese momento, los relatos de trata de personas parecían casos aislados y sólo magnificados por la impresionante miniserie internacional Tráfico, que mostró los vínculos que existen entre el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas en el mundo.

    El tema se nacionalizó y, también, caló hondo en todas las provincias. En Córdoba, se prohibieron los prostíbulos, aunque la medida fue considerada insuficiente. Los críticos adujeron que la prostitución se trasladó ahora a los departamentos privados o a otras formas más sutiles del negocio. El Gobierno provincial habilitó una línea especial para denunciar los casos de trata.

    Durante el desarrollo del juicio por Marita Verón testificaron varias mujeres que lograron ser liberadas de las redes de trata, algunas de las cuales aseguraron haber visto a la joven desaparecida obligada a prostituirse en La Rioja.

    Desde la política, algunos observadores señalaron que este conmocionante caso puede favorecer los planes del Gobierno nacional que cuestiona la legitimidad de los fallos judiciales, en especial en el caso del Grupo Clarín. Ayer, el fiscal de la causa dictaminó que es constitucional el artículo que obliga a los prestadores de servicios a desinvertir en los medios, aun cuando sus licencias fueron otorgadas y aprobadas en su momento por el Estado.

     

     

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