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Pese a que la Justicia tucumana absolvió anoche a los 13 acusados del secuestro de Marita Verón, una joven tucumana presuntamente desaparecida a manos de las redes del comercio humano el 3 de abril de 2002, su caso disparó en el país una mayor conciencia en la lucha contra la trata de personas. La absolución conmocionó al país y las sospechas de corrupción envuelven al poder político en Tucumán a partir de las denuncias de su madre, Susana Trimarco.
Aunque existían organismos nacionales y provinciales para enfrentar uno de los flagelos de la modernidad, la incansable lucha de esta mujer (en la foto cuando protestó frente a los tribunales tucumanos), disparó una mayor conciencia de la problemática en el país.
Hasta ese momento, los relatos de trata de personas parecían casos aislados y sólo magnificados por la impresionante miniserie internacional Tráfico, que mostró los vínculos que existen entre el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas en el mundo.
El tema se nacionalizó y, también, caló hondo en todas las provincias. En Córdoba, se prohibieron los prostíbulos, aunque la medida fue considerada insuficiente. Los críticos adujeron que la prostitución se trasladó ahora a los departamentos privados o a otras formas más sutiles del negocio. El Gobierno provincial habilitó una línea especial para denunciar los casos de trata.
Durante el desarrollo del juicio por Marita Verón testificaron varias mujeres que lograron ser liberadas de las redes de trata, algunas de las cuales aseguraron haber visto a la joven desaparecida obligada a prostituirse en La Rioja.
Desde la política, algunos observadores señalaron que este conmocionante caso puede favorecer los planes del Gobierno nacional que cuestiona la legitimidad de los fallos judiciales, en especial en el caso del Grupo Clarín. Ayer, el fiscal de la causa dictaminó que es constitucional el artículo que obliga a los prestadores de servicios a desinvertir en los medios, aun cuando sus licencias fueron otorgadas y aprobadas en su momento por el Estado.
Gustavo
Publicado: 13/12/2012Lamentablemente existe una subterfugia relación entre el poder político con las redes de trata y narcotráfico. Esa nebulosa que a simple vista obstruye la visión de esa comnivencia hace que esas organizaciones del "bajo mundo" tengan vía o pista libre para actuar y redituar millonarias sumas de ganancias que en muchos casos son superiores a los PBI de medianos países del orbe. El mensaje que dejó la resolución del tribunal tucumano con respecto a los integrantes de esta "posible" banda, es que hay ciertos casos en que la justicia tiene vedadas sus articulaciones investigativas porque choca con diques de contención mafiosas. Estas sentencias absolutorias se dan generalmente cuando las pruebas no son contundentes "ante la duda es preferible un culpable en libertad que un inocente sin ella", pero en los casos de poderes judiciales en estados "feudales" como muchas provincias argentinas donde mediante reformas constitucionales se enquistan en el poder, los poderes públicos quedan subalternizados a la voluntad de los dictadores de turno como se los denomina a aquellos que se empotran en el poder. Así en esos marcos jurídicos es imposible que se dicte justicia, porque ella no existe por ley sino por influencias autocráticas. Malditas reformas constitucionales de las provincias que han desvirtuado el espíritu liberal y democrático de un verdadero Estado de Derecho.