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Aunque en su momento dijo que las manifestaciones no tenían importancia y que todos podían expresarse en libertad, el Gobierno nacional decidió llevar adelante una campaña para desarmar la concurrencia masiva que se espera para el «8N» (8 de noviembre).
Este jueves se realizará un cacerolazo…
… en todo el país en contra de las políticas del kirchnerismo. La primera convocatoria se efectuó el 13 de septiembre («13S») y reunió de modo espontáneo a miles de personas en las principales ciudades del país. El llamado a manifestarse se efectuó a través de las redes sociales, y sorprendió hasta los propios partidos de la oposición.
Ayer, el ex jefe de Gabinete y uno de los voceros de las posiciones oficiales, Aníbal Fernández, calentó la pelea. Dijo que «el ‘8N’ es un invento de una facción de ultraderecha paga», que tiene como «único objetivo la defensa de los intereses de Clarín».
Ricardo Forster, uno de los referentes de la agrupación kirchnerista Carta Abierta, dijo que es una convocatoria con connotaciones «racistas».
A través de las redes sociales, se instaló otra campaña: «8N – Yo no voy» . En declaraciones al diario La Nación, la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) sostuvo que los organizadores de esa movida estarían vinculados a la agencia S+C+W (Schussheim, Cosin, Weinsteiner) Estrategias en Marketing Político, que habría sido contratada por el Poder Ejecutivo «para la realización de acciones de comunicación implementadas en las redes sociales con el objetivo de promover las acciones de Gobierno y centrarse específicamente en desbaratar las movilizaciones organizadas desde la sociedad civil».
Los partidarios de la presidenta Cristina Kirchner (en Twitter: @CFKArgentina) temen que haya importantes manifestaciones en Capital Federal -según cálculos extraoficiales se movilizarían unas 300 mil personas-, en Santa Fe y en Córdoba (el 70% adhiere a la protesta), en tanto la jornada tendría menor envergadura en el norte y en el sur argentino.