Durante un acto general realizado en la casa matriz del Banco de la Provincia de Córdoba...
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El gobernador Martín Llaryora inaugurará el próximo sábado el período ordinario de sesiones de la Legislatura en la ciudad de Deán Funes, en medio de desafíos internos por el funcionamiento del cuerpo legislativo y la suba de impuestos, mientras que las políticas del presidente Javier Milei suponen una doble pinza sobre las finanzas provinciales: la eliminación de subsidios al transporte público y los aportes a la Caja de Jubilaciones.
La suba de impuestos; en especial, el impuesto inmobiliario urbano, que se actualizará con base en el aumento de los salarios en blanco -medidos por el Ripte-, aparece en el horizonte como el mayor desafío social.
El gobernador rechazó las críticas al incremento, que tendrá una actualización máxima de 172%, según funcionarios de la Dirección de Rentas de la Provincia.
La oposición había cuestionado la suba, con el argumento de que la inflación en 2024 rondó el 120%.
Los empresarios, a su vez, piden una baja de Ingresos Brutos, para ser competitivos ante los productos de Brasil y de China.
A favor del mandatario juega la decisión del Gobierno nacional de llevar adelante una reducción parcial de las retenciones a los granos, y la eliminación de esa carga para las producción regionales, por caso, al maní confitería.
Llaryora, junto a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, había reclamado a Milei que eliminara en forma total las retenciones a la producción agropecuaria.
El debate gira ahora sobre el impacto que tendrá en los alimentos, a partir de los mayores valores que se pagarán por los derivados de la soja, que alimentan el ganado vacuno, porcino y aviar.
En cuanto al maíz y el trigo, sus componentes conforman la dieta básica de los argentinos.
La decisión de trasladar a Deán Funes la apertura de sesiones responde al objetivo de fijar un plan de desarrollo para el norte cordobés, al que se sumarán objetivos similares para el oeste y el sur-sur de la provincia, según adelantó el ministro de Gobierno, Manuel Calvo.
El gobernador no desconoce que varias de las principales figuras que lo rodean y de la oposición ya se lanzaron a la carrera por las elecciones legislativa de octubre próximo.
Tales acciones apuntan a visibilizar a los dirigentes que jugarán fuerte por las candidaturas a gobernador, a intendente y a legislador nacional y provincial de 2027.
Los bloques opositores centraron sus críticas hacia el mandatario por la licitación de las concesiones de casinos y de tragamonedas en la provincia.
La oposición propuso una consulta popular sobre la concesión de casinos y tragamonedas. El arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, calificó al juego como «una falsa ilusión».
El otro tema que golpeó a la Legislatura fueron los gastos excesivos en viáticos, viajes y gastos por las tareas de sus miembros, a partir de la exposición pública del dirigente Sebastián García Díaz, del PRO.
A ello se sumó la reciente denuncia contra el puntero político peronista Guillermo Kraisman, quien intentó cobrar un millón de pesos de una cuenta bancaria de una supuesta empleada de la Legislatura.
En lo que supondrá un duro desafío para las finanzas provinciales será el mantenimiento de programas que no cuentan con apoyo del Gobierno nacional, pese a los acuerdos preexistentes.
En ese orden, la falta de aportes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia y los subsidios al transporte público supondrán un hueco para las finanzas cordobesas.
Sin embargo, Llayora prometió sostener ambas actividades, al tiempo que mantendrá el programa de obras públicas -el Gobierno nacional retiró su apoyo- y la extensión de las sedes de la Universidad Provincial.