Por Juan Turello. El Gobierno nacional puso en marcha otro programa para detener la escalada de la inflación; en este caso, bajo el nombre de Precios Justos. El plan incluye 1.823 artículos de una canasta de alimentos y productos de higiene y de perfumería, cuyos valores estarán “congelados” por cuatro meses.
A esos ítems, se agregarán otros, bajo el esquema de “cuatro por cuatro”: los precios se actualizarán 4% acumulativo en los próximos cuatro meses.
El objetivo al que apeló el equipo de Sergio Massa, que en principio afirmó que no creía en el congelamiento ni en el control de precios, es bajar las expectativas, señala mi nota en La Voz.
El anuncio se realizó a horas del informe oficial sobre la inflación de octubre, que rondó el 7%, por encima del 6,2% de septiembre.
El “congelamiento” viene precedido también de una discusión inconducente, ya que el Gobierno sostiene que esa palabra no es tal, porque hubo “un acuerdo” con los fabricantes, supermercados y mayoristas.
La crítica más generalizada es que estos planes terminan abasteciendo principalmente a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, mientras que en el interior son visibles sólo algunas semanas, en las cadenas de las grandes ciudades.
En “el interior del interior”, esos productos no se encuentran.
“Este programa tiene como objetivo que el imaginario colectivo termine culpando por la inflación a los responsables de los comercios”, advierte Germán Romero, del Centro de Almaceneros y Autoservicios de Córdoba.
Para los almaceneros, el plan favorece a los sectores medios y altos, que tienen capacidad de compra y de pago en las grandes superficies.
Los sectores vulnerables, que debieran ser los principales destinatarios, realizan sus compras diarias en locales de cercanías.
Romero lanza otra advertencia: en los primeros 10 días de noviembre, los productos de la canasta básica aumentaron 4,5%; el resto de los alimentos, 12,5%, con una inflación promedio de 3,4%, según las mediciones Centro de Almaceneros.
La Bolsa de Comercio apuntó que el listado apenas incluye el 5% de los productos de consumo masivo, además de recordar que “estas recetas no dieron resultados en el pasado”.
Este lunes, una veintena de entidades y cámaras empresarias de Córdoba reclamarán a legisladores nacionales acciones conducentes, ante la falta de insumos y piezas claves para la producción.
“Las autoridades no saben lo que implica que una empresa pare un turno, dos turnos o una semana; no sólo está el aspecto económico, sino que a futuro podés perder contratos y credibilidad como proveedor”, advierte Gustavo Del Boca, titular de los metalúrgicos cordobeses (CIMCC), una de las cámaras convocantes.
El sistema que controla las importaciones (SIRA) autoriza los pedidos, pero todo se traba en el último clic, el del Banco Central, que debe poner los dólares.
Luego del boom del “dólar soja”, el ente monetario resignó unos 500 millones en octubre; en noviembre ya lleva entregados más de 700 millones. Las reservas líquidas apenas superan los 6.000 millones de dólares, según economistas de la oposición.
Para que ingresaran a Precios Justos, a las empresas les prometieron que tendrán los dólares para importar insumos y bienes terminados.
“No van a faltar dólares”, repite Massa como un karma ante sus interlocutores, y detalla todos los préstamos que llegarán de los organismos multilaterales.
Así, sepultó el latiguillo del endeudamiento, frente a la resignación del kirchnerismo, que lo había levantado como estandarte en la gestión de Mauricio Macri.
En resumen, Precios Justos sólo puede tener una aplicación geográfica limitada, con un resultado favorable durante un corto período y favorecer a sectores con capacidad de consumo, antes que a los más vulnerables.
El Gobierno carece de otra propuesta para contener la inflación, por lo que el gran anhelo sigue siendo que el Mundial de Qatar “tape todo”. Faltan pocos días para comprobar su efectividad.