Por Mariano Sardáns (CEO de FDI, info@fdinternational.com). Una nueva medida del Gobierno está impactando en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Se encuentra dirigida a identificar a los muchos extranjeros non-sanctos (corruptos, traficantes de drogas y armas y otros capitales originados en delitos complejos).

Además de latinoamericanos, Miami llamó la atención de inversores rusos y de Europa Oriental. Ahora, EE.UU. quiere saber de dónde proviene el dinero | Foto: rematesmiami.com

Éstos, se encuentran entre los inversores que compraron inmuebles al aprovechar el anonimato otorgado por las sociedades offshore (controlante, a su vez, de una sociedad en EE.UU., que se encarcaba de la de compra el/los inmueble/s).

Hasta hace unos días, bastaba con inscribir en el fisco –el IRS- a la sociedad local, generalmente una LLC, sin que fuese necesario exteriorizar a los verdaderos dueños.

Pero ahora cambiaron las reglas (ver: fundssociety.com y acfcs.org). Obviamente, esta medida también le impacta al inversor normal, que había comprado un real estate y aprovechó esa estrategia societaria por temor a que los EE.UU. intercambiasen información fiscal en algún momento.

Durante los últimos cinco años, brokers y desarrolladores inmobiliarios alrededor del mundo estuvieron “vendiendo la certeza” de que las inversiones en inmuebles iban a permanecer anónimas y no iban a estar alcanzadas por el intercambio automático de información fiscal que se iniciará en 2017, y del cual participan más de 100 países (menos EE.UU., por ahora). Hoy, esos países ya están ajustando la norma para que involucre a todos los tipos de activos (financieros, inmobiliarios y societarios).

En EE.UU., el Fly-to-Real-Estate (“vuelo hacia la inversión inmobiliaria») fue aún más exacerbado. Por un lado, porque fue el único país que por ahora no firmó el convenio, decisión que lo convirtió en el principal centro offshore (ver: www.bloomberg.com Por otro lado, porque a partir del 1º de enero de 2015 comenzó en los EE.UU. a ser obligatoria la identificación ante el IRS del último beneficiario de las cuentas bancarias que estaban a nombre de sociedades offshore (modificándose el famoso FORMULARIO W8).

Esto generó que numerosos inversores se deshicieran de sus cuentas bancarias (y activos financieros) y compraran inmuebles, creando una demanda irracional y una potencial burbuja en los precios de varias ciudades y segmentos. Hasta ahora no importaba que sobrasen inmuebles y/o faltaran usuarios finales –inquilinos-, o sea que la renta fuera negativa. El negocio se basó en el incremento de los precios producto de la excesiva demanda de los inversores.

Por ahora, la nueva norma ataca a los inmuebles o inversiones superiores al millón de dólares. Pero, como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”, es posible que los inversores busquen subdividir los inmuebles en porciones de menos de un millón de dólares cada una, y que coloquen a la vez como propietarias a una sociedad local y por encima a una sociedad offshore para cada “tramo”. De esta forma, quedarían fuera del radar de la norma en cuestión. Dado que el Gobierno es consciente de esa maniobra, cabe esperar que rápidamente resuelva modificar el monto para abajo.

Esta nueva norma, sin ninguna duda, será un catalizador para que muchos propietarios extranjeros de inmuebles terminen de tomar la decisión de venderlos antes de que sea demasiado tarde; en definitiva, ya no computan el atractivo que tenía “el anonimato”.

Informe: Mariano Sardáns (CEO de FDI, www.fdinternational.com, 0810-777-5000 (+54-11-4806-6664),