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Por Juan Turello. El Gobierno cometió varios errores no forzados desde que se desató la corrida el 24 de abril último, que generó una de las peores recesiones de la década. La crisis devoró dos presidentes del Banco Central, hubo idas y vueltas en la política económica, hasta el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso un corsét a la gestión de Mauricio Macri, sobre cuyos resultados aún existen fuertes discrepancias entre los analistas.
Macri debió desdecirse con respecto a la baja de las retenciones y de otros impuestos. Al final, su mandato concluirá con una de las presiones fiscales más altas que se recuerde. Repasemos los temas, según mi nota en La Voz.
En los deportes se llama errores no forzados a los que se comenten por la acción propia del jugador, sin una amenaza real del rival. Los cometió el Gobierno para evitar la huelga de 36 horas que había anunciado la CGT oficial.
El bono de 5.000 pesos terminó siendo una suma de errores por la discusión en el seno del oficialismo, con los sindicalistas y con los empresarios. Pablo Moyano –urgido por las investigaciones de la Justicia- y los gremios kirchneristas enrolados en las CTA rechazan esta oferta, y negarán cualquiera otra alternativa razonable. Los mueve el interés por evitar la cárcel y alentar el desgaste de Macri.
Las Pyme quedaron atrapadas en la disputa por el bono, que el Gobierno ofrendó a la CGT para evitar el paro.
No todos los sectores empresarios están en condiciones de pagar le beneficio, luego de que la actividad industrial cayera 11% en septiembre –la baja mensual más profunda de los últimos 16 años-; y la construcción 4,3%. El sector metalmecánico de Córdoba acusa un retroceso de 20% en los últimos meses.
Marcelo Uribarren, titular de los industriales cordobeses, advirtió que “el pago del bono atenta contra la salud financiera y la actividad” de las Pyme. Y enumeró las urgencias: las tasas de interés en el 67%, una inflación del 50% y caída sin precedentes en la actividad.
Unas 15 entidades –lideradas por la Cámara de Comercio de Córdoba– proclamaron: “El comercio no puede pagar el bono”, y sugirieron al Gobierno que comparta el esfuerzo. Pidieron que el bono se tome a cuenta del pago de contribuciones patronales, aunque sea en cuotas.
Roberto Barbieri del Foro Productivo de la Zona Norte, que nuclea a un conglomerado de Pyme, se pregunta: “¿A qué tasa nos van a dar un crédito preferencial para pagarlo, al 60, al 50 por ciento? Es una locura”, advierte este dirigente de discurso moderado. En el sector hay voces más duras.
“¡Esperamos que esta coyuntura negativa termine cuánto antes!”, exclama César Galfioni, secretario de los industriales metalúrgicos. “Las Pyme no tienen espaldas para soportarla; las voltea”, agrega.
En la Cámara, insisten en que “esta medida, como la negociación previa al eventual despido de trabajadores, forma parte de un parche para detener el paro de la CGT”. Y explican: “La paritaria de los metalúrgicos para el período abril/17-abril/18 ya incluyó una mejora de 26,5%; la UOM pide 5% en octubre, en noviembre y en diciembre. Un empresario tiene que calcular que debe pagar ese aumento, el aguinaldo y las vacaciones, en momentos en que se cayeron los pedidos de las terminales”, completa Galfioni.
Del otro lado del mostrador, los gremios apuntan que los salarios perderán este año –en promedio- unos 10 puntos con respecto a la inflación.
El consumo cayó 2% en el segundo trimestre, según la consultora Kantar Worldpanel. El año terminaría con el mismo porcentaje. La proyección para 2019 anticipa otra caída.
El 85% de las empresas están orientadas al mercado interno. Alarmado, el Gobierno intentó inyectar unos 30 mil millones de pesos a través del bono.
El debate sobre si es posible pagarlo o no resultó un bumerang para el oficialismo: cada sector terminó por exponer cuán profunda es la crisis que el equipo oficial intenta minimizar.