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Por Sergio Mabres. El artículo 181 del Código Electoral de Córdoba (Ley 9.571) insta al Estado provincial a promover “el desarrollo de un software propio y todos los recursos económicos que demande su elaboración». Y agrega: «El sistema de procesamiento de datos electorales vía electrónica (software) que debe utilizar y operar el Juzgado Electoral para el escrutinio y la aplicación de esta normativa, será diseñado sobre la base del que actualmente utiliza el Poder Judicial, a fin de aportar la experiencia y los antecedentes recogidos en virtud de su aplicación”.
Y, para el mientras tanto: “A esos fines, el Poder Judicial podrá suscribir convenios con las universidades con asiento en la provincia de Córdoba. Hasta tanto se concrete el desarrollo del software propio, el Poder Judicial para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, podrá contratar -en todo o en parte- los servicios informáticos de terceros”.
¿Qué ha hecho el Gobierno?
¿Ha empezado la construcción del software de votación propio o realizará una contratación?
Respecto del tan vapuleado voto electrónico, el mencionado Código -en su Artículo 184- señala que “el Juzgado Electoral deberá -a partir de las primeras elecciones generales a realizarse en forma inmediata posterior a la sanción de esta Ley-, proceder a implementar en forma progresiva y sistemática las acciones necesarias tendientes a utilizar un mecanismo electrónico de emisión del sufragio”.
Aunque esto último parece la letra de una canción de Serrat («Entre esos tipos y yo hay algo personal«) la ley ha fijado el camino y el Tribunal Electoral de la Provincia lo está recorriendo. Por caso, para las elecciones del 12 de mayo, decidió implementar el voto electrónico en Marcos Juárez, La Falda y Cosquín.
Si bien el Tribunal sostiene que el sistema ha sido aceptado por la sociedad (cosa que no es correcta) y que no recibió cuestionamientos formales (que seguramente debe ser cierto), la opinión de algunos expertos es totalmente contraria. De hecho, cuestionan al voto electrónico por su falta de seguridad y transparencia.
Desde el punto de vista técnico, un sistema rentado sin la supervisión del código fuente por parte de la universidad y fiscales de los partidos, es una oportunidad muy grande para el fraude electrónico.
Aun con la supervisión, nos queda el problema del entendimiento. En otras palabras, la comprensión que tiene la gente sobre el funcionamiento del sistema electoral. Esto última, es la causa por la que no se usa el voto electrónico en Alemania.
Antecedentes que preocupan
En Holanda, se demostró que con un equipo de radio se podía saber a quién estaba votando electrónicamente cada persona y, por ello, desde 2008 volvió al sistema de boleta única en papel.
Las experiencias en otros países de voto electrónico están teñidas de irregularidades y dudas. Dudas que aumentan porque la complejidad del sistema impide ver el alcance de las irregularidades.
A nivel local, se pueden citar -por ejemplo- los problemas señalados por el uso de la Boleta Única Electrónica (BUE) en las elecciones de Neuquén (2019) y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (2015).
Sorprende que aún se impulse este sistema fallido.
Si esto sucediera en una elección muy ajustada, menos de uno por ciento de diferencia entre los principales partidos políticos, por caso, podría acarrear hasta protestas sociales por la facción perdedora que, es probable, argumentaría la poca credibilidad de los resultados arrojados por el sistema.
Esperemos que la racionalidad triunfe y que el voto electrónico no se aplique de forma generalizada hasta que la tecnología esté a la altura de lo que el proceso electoral requiere: voto secreto, inviolable y seguro.
El voto manual con boleta única en papel no está caduco y, aunque es un poco más lento, sigue siendo el método más transparente y seguro. En las elecciones de Córdoba, el próximo 12 de Mayo, se utilizarán 218 Boletas Únicas de Sufragio (BUS).
«El voto manual con boleta única en papel… sigue siendo el método más transparente y seguro.«
Una solución intermedia que nos acercaría a un sistema más legitimo sería un software abierto y auditable por parte de la Universidad Nacional de Córdoba y de los fiscales de los partidos políticos. El sistema sería propiedad del Gobierno provincial, con una base de datos inalterable, distribuida y encriptada, basada en la tecnología de blockchain.
En estas elecciones y en las presidenciales, la trasmisión de las actas se realizará, desde los centros de votación, de forma digital, reemplazando el envío de los clásicos telegramas. En el primer caso, la empresa encargada de la logística proveera de una app para remitir digitalmente las actas al centro de computos. En el segundo caso, el Gobierno dotará a cada centro de votación de un escáner y de una PC portátil.
Nota: en el conteo definitivo se usarán las actas originales.
La transmisión electrónica ahorrará el tiempo de viaje de las autoridades con las actas al centro de trasmisión y la espera en esos lugares para ser atendidos. Hay que tener en cuenta que había muchos menos centros de transmisión que centros de votación.
El objetivo principal es que las actas de las localidades que están más lejos de los centros de transmisión lleguen al mismo tiempo que las que están más cerca. Es una pena que no pueda implementarse este sistema en las elecciones provinciales de mayo.