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Por Juan Turello. Al cabo de la primera semana poselectoral, Alberto Fernández parece ser un “pato rengo”, que está en la búsqueda de un plan que sea aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el visto bueno de Cristina Kirchner y de la oposición, señala mi nota en La Voz. La política norteamericana popularizó la expresión “pato rengo” para el gobernante que no está en condiciones de ser reelegido o que tiene serias dificultades para renovar el cargo cuando aún le resta la mitad del mandato. Veamos de qué se trata.
Juntos por el Cambio obtuvo dos millones de votos más que el Frente de Todos a nivel país; ganó en 13 distritos, entre ellos, la estratégica provincia de Buenos Aires por más de 110 mil sufragios. En otros dos distritos -Río Negro y Neuquén- triunfaron sendos partidos provinciales.
El peronismo perdió el quórum propio en el Senado, por primera vez desde 1983. A todo esto, el Presidente aún no reconoció la derrota.
Para fortalecer su imagen, organizó una multitudinaria concentración, convocada por los que viven del dinero público: gremios (necesitan fondos para las obras sociales), movimientos sociales (planes) y gobernadores, que subsisten por los aportes del Tesoro.
Alberto Fernández carece de la confianza de la sociedad: el 67,7% desaprueba su gestión y un número similar tiene una imagen negativa de su figura, según la encuesta nacional de Zuban Córdoba & Asociados. Otras muestras revelan un rechazo similar.
El “plan platita” no alcanzó, ya que en octubre el consumo retrocedió 0,4%, con una caída de 8,6% en 10 meses, indicó la consultora Focus Market.
Las ventas tuvieron una mejor performance en las grandes superficies (por el congelamiento de precios) y en los canales mayoristas (familias con poder de compra que atesoran alimentos), señaló la consultora de Damián Di Pace.
El Gobierno enfrenta la carencia de reservas, por lo que dejó que opere libremente el “dólar bolsa” para evitar una mayor sangría.
Los pocos dólares en el Banco Central agregan un problema adicional, que es financiar la recuperación de la actividad, que creció 1,1% desestacionalizada en agosto y en septiembre, según el Indec.
A ese desafío se agregó una inflación global, que impactará en el costo de las importaciones y podría llevar a la baja el valor de los granos por un eventual aumento del dólar frente a otras monedas.
Todos los caminos conducen al FMI, cuya primera exigencia es bajar “la alta inflación”.
Para hacerse de más recursos, el kirchnerismo plantea un nuevo impuesto del 3% al uso de envases. El clamor empresario contra la nueva carga fue visible en la importante concentración que realizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC) para celebrar sus 60 años.
El impuesto a los envases puede generar un “efecto cascada” sobre los alimentos, con una inflación que supera el 3% mensual.
La fecha límite para el acuerdo es el 22 de marzo. Ese día vence una obligación de 2.800 millones del préstamo otorgado a Mauricio Macri por 44 mil millones de dólares.
Martín Guzmán pretende evitar el default, pero hay dudas si podrá hacerlo. La caída de las acciones y la suba del riesgo país muestran la desconfianza en llegar a buen puerto.
El ajuste debería comenzar por los subsidios a los servicios públicos. Hasta ahora, no pudo avanzar en segmentar el precio de acuerdo con el consumo de cada hogar. Tan simple como eso.
Las tarifas están casi congeladas desde hace dos años. Las de electricidad mayorista y de gas natural aumentaron 11%; la inflación fue de 91% y el dólar oficial, el 70%.
Los analistas son escépticos sobre el acuerdo que Alberto Fernández pueda alcanzar con el FMI mientras no sincere su discurso tribunero de expansión del gasto público, y en tanto destrate a la oposición.
El “pato rengo” necesita definir rápidamente un plan creíble que entusiasme al 67% del electorado que no lo votó y logre la aprobación de Cristina Kirchner.
En este contexto, la paciencia social puede tener un límite.