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Por Juan Turello. Los mercados le dieron un respaldo al Gobierno nacional en el cierre de agosto, aunque la tormenta política interna torna más difícil la salida de la crisis que afecta a la economía, señala mi nota en La Voz.
“Es incomprensible que, en el momento actual, el Gobierno se sumerja en una disputa interna y en el replanteo de temas superados por la sociedad”, se quejaba el directivo de una concesionaria líder al presentar un nuevo modelo, en un mercado que comienza a despegar. Repasemos.
Para inversores y empresarios, es inentendible la pelea entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tiene mejor imagen que el presidente, según encuestas de opinión.
La pelea interna impacta en los bloques legislativos y en la agenda pública. Partidarios y detractores de uno y de otro lado la alientan.
Mientras, el ministro Luis Caputo se desvela por calmar al mercado y enviar señales positivas.
Caputo anunció que desembolsará la semana próxima más de U$S1.500 millones para garantizar el pago de los bonos en enero próximo.
El ministro acude a cuanto auditorio lo convoca para reiterar que la inflación de agosto puede estar por debajo de 4% y que en septiembre debiera ser de 3%, ante la baja del Impuesto PAIS en 10 puntos porcentuales.
El discurso oficial agrega que el dólar blue finalizó agosto en $1.305, la caída más marcada del mercado cambiario; los dólares financieros concluyeron en torno de los $1.300 y el riesgo país volvió a niveles de junio.
Para esa performance contribuyeron la vuelta al superávit financiero en agosto, el blanqueo y las exportaciones. Sin embargo, la baja del tributo a las importaciones puede complicar las cuentas en septiembre.
La comercialización de autos y la construcción comienzan a salir de la recesión, aunque la venta minorista aún no despega.
Si bien el precio de los alimentos se estabilizó, ahora pesa en el bolsillo el aumento permanente de los servicios: desde mañana hay incrementos en la luz y el gas natural, en combustibles, en comunicaciones y en la medicina prepaga, entre otros.
Milei vetó en su totalidad la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, que suponía corregir en 7,2% el desfase de la inflación de enero (25,2%) y la suba otorgada por el Gobierno (12,5%).
Ese aumento implicaba también el pago de retroactivos, junto a la cancelación en seis meses de la deuda con las cajas de jubilaciones provinciales y con los pasivos que ganaron juicios por la mala liquidación de sus haberes.
“Lo que le molestó al Gobierno es que la jubilación mínima de un beneficiario con 30 años de aportes debe ser superior en 9% al valor de la canasta básica total (CBT) que el INDEC mide para una persona”, advierte Fernando Viera, especialista en temas previsionales.
La norma vetada, que puede ser un alivio para el orden fiscal, supone un alto costo político para Milei.
Es muy difícil que dos de cada tres jubilados que perciben sueldos en torno de los $300 mil comprendan las razones técnicas de la medida.
La ofensiva parlamentaria de la oposición -que puede dejar sin efecto el veto presidencial- anticipa que el tema será resuelto en definitiva por la Corte Suprema de Justicia, con una abultada jurisprudencia a favor de los jubilados.
Para los especialistas, el Gobierno sólo está ganando tiempo con la anulación de la nueva movilidad.
La casi diaria discusión sobre la caída en las ventas y en la producción industrial no deja ver el bosque de que Argentina no es competitiva en precios: las salidas a Chile y las comparaciones con Estados Unidos y Europa son demoledoras.
Argentina no es competitiva en precios, además el país tiene una baja productividad, más allá de las capacidades de sus recursos humanos.
El desafío de la economía global es mejorar los procesos y generar más bienes en menos tiempo.
La tormenta política -que genera incertidumbre y paraliza inversiones- debería pasar y dejar en claro cuáles son los verdaderos retos.