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Por Claudio Fantini. Los pocos kirchneristas que aceptan salir al ruedo mediático para defender a Amado Boudou, recurren a una comparación errónea con Mauricio Macri, al afirmar que no debe renunciar ni pedir licencia ni afrontar un juicio político. A la comparación le falta un dato para nada irrelevante: al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo procesó Norberto Oyarbide, el juez más desprestigiado desde Faggionato Márquez y sus absurdas peripecias para encubrir la ruta de la efedrina que él debía investigar.
Aunque a simple vista lo sea en términos jurídicos, no es lo mismo para un gobernante ser procesado por Ariel Lijo que por Oyarbide. Sobre todo teniendo en cuenta que Lijo fue designado por Néstor Kirchner y tiene lazos con el Gobierno, a pesar de lo cual colocó en el banquillo de los acusados al vicepresidente de Cristina Kirchner.
Oyarbide ha sido siempre un juez al servicio del Gobierno nacional que cajoneó cientos de casos contra funcionarios kirchneristas, dictó la falta de mérito del matrimonio presidencial por presunto enriquecimiento ilícito y procesó a Macri, que es uno de los más fuertes dirigentes de la oposición.
La falacia en la estrategia oficialista de comparar el caso Boudou con el de Macri, es que el jefe de Gobierno pidió él ser sometido a juicio político ni bien se anunció su procesamiento por supuesto espionaje ilegal. En cambio, hasta ahora, Boudou ha rechazado el juicio político que reclama una parte importante de la oposición parlamentaria.
El caso Boudou es más bien comparable a los pocos casos en el mundo de vicepresidentes que fueron procesados mientras estaban en funciones. Uno de ellos fue el de Spiro Agnew, vicepresidente de Richard Nixon, que renunció en 1973 cuando quedó procesado por un caso anterior a su llegada al gobierno: lo habían acusado de cobrar sobornos cuando era gobernador del Estado de Maryland.
El otro caso comparable al de Boudou es el de Narcis Serra, vicepresidente de Felipe González ,que dejó el cargo para no perjudicar a su gobierno cuando lo procesaron a principios de la década de 1990 por el espionaje ilegal realizado mediante el Cecid, como por entonces se llamaban los servicios de inteligencia de España.
La diferencia entre los ejemplos norteamericano y español con el escándalo que sacude a la Argentina, está precisamente en la renuncia de los involucrados. Una decisión que todavía no cruza por la cabeza de Amado Boudou.■
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