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Por Claudio Fantini. No parece que los supremos jueces de Brasil hayan tomado la decisión más razonable en el «caso Lula». Las circunstancias imponían contemplar las consecuencias políticas del fallo y adoptar una decisión teniendo en cuenta esas consecuencias.
Cabe aclarar que lo que decidió la máxima instancia de la Justicia de Brasil no tiene que ver con la culpabilidad o la inocencia de Lula. La cuestión era aceptar o rechazar un habeas corpus presentado por la defensa.
Aceptarlo implicaba simplemente conceder, a lo sumo, un par de meses más de libertad al ex presidente.
Los magistrados debían entonces optar entre:
En cualquiera de las dos opciones se está dentro de la ley. Por lo tanto, había margen para tomar en cuenta otras consideraciones. Sobre todo porque se trata de un ex presidente que aún conserva una inmensa popularidad y que el nivel de tensión política reinante depende de su suerte judicial.
Hasta aquí, todos los pronunciamientos de la Justicia fueron particularmente duros con Lula. Anoche, el juez Moro -que llevó adelante la investigación del Lava Jato- pidió detenerlo de inmediato.
Al último recurso presentado por la defensa del líder del PT, una Cámara -tribunal de segunda instancia- lo respondió incrementado en tres años y un mes la pena de prisión que se había decidido en primera instancia. De nueve años a 12 años.
Una concesión tan efímera como la aceptación del habeas corpus, que en modo alguno tuerce el rumbo inexorable del proceso contra Lula, parecía la opción más razonable. Una opción que habría colaborado a la credibilidad del pueblo brasileño en un sistema, en el que observa una legión de legisladores corruptos atrincherados en sus bancas y protegiendo a un presidente, Michel Temer, que ha convertido la institución presidencial en una guarida.
En semejante escenario, donde cargó tensión un oscuro y anti institucional pronunciamiento público del jefe del Ejército, lo razonable estaba en la otra opción.
La ética de la convicción o de la responsabilidad
En términos de Max Weber, los magistrados podían actuar desde la “ética de la convicción” o desde la “ética de la responsabilidad”.
En el primer caso, apegados al Derecho, les correspondía decidir, sin que importen las consecuencias sociales y políticas, entre el principio constitucional de la libertad hasta que se hayan agotado todos los recursos del acusado, y un fallo que sentó precedente en el sentido de que corresponde la prisión sin dilaciones después de una condena en segunda instancia.
En el caso de decidir desde la “ética de la responsabilidad”, correspondía dar lugar al pedido de habeas corpus presentado por Lula. Esa opción no implicaba impunidad (la cantidad de causas y el peso de algunos fallos muestran la prisión como un destino inexorable), sino simplemente un respiro más en una situación política asfixiante.
El nivel de tensión es tan alto, que por momentos Brasil parece caminar al borde de un estallido. Colaboran a ese clima explosivo la popularidad del ex presidente y la situación del presidente actual.
«El nivel de tensión es tan alto, que por momentos Brasil parece caminar al borde de un estallido«
La atmósfera no estaría tan cargada si Temer hubiese sido destituido de la Presidencia y sentado en el banquillo de los acusados, como ha intentado hacerlo dos veces, sin éxito, la Justicia del Brasil.
Que Temer siga en el cargo no se debe a la inacción judicial, sino al blindaje legislativo. Lo sostiene una mayoría de legisladores, entre los que abunda el temor a ser juzgados en el marco del Lava Jato.
Si en lugar de permanecer en el sillón presidencial, Temer estuviera destituido como Dilma Rousseff y sentado en el banquillo de los acusados ante los jueces que investigan la corrupción -como está Lula-, entonces el clima social y político de Brasil no sería tan agobiante.
Para agravar el momento, el alto mando militar emitió pronunciamientos públicos que recuerdan la antesala del golpe de 1964.
El tuit del jefe del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, diciendo que los militares comparten el “repudio a la impunidad” es, en el mejor de los casos, irresponsable, y en el peor, golpista.
Sacude la institucionalidad que el jefe del Ejército se pronuncie de un modo institucionalmente desubicado. También que varios generales se hagan eco, con pronunciamientos aún más oscuros. El momento no podía ser peor para el despiste de los militares.
Con manifestantes a favor y en contra de Lula, con un clima social enrarecido, con un presidente sospechado y protegido por una legislatura desprestigiada, no parecen darse las condiciones para que sea empujado raudamente a la cárcel un ex presidente aún muy popular, en la antesala de los comicios que lo tienen como favorito en las encuestas.
No se trataba de declararlo inocente, sino de tomar, dentro de la ley, la decisión más conveniente para la paz social y la credibilidad en el sistema institucional.