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Por Claudio Fantini. Alberto Fernández asumió la teoría que fue incubándose en una de las veredas de “la grieta” regional. Según esa visión, los gobiernos de centroderecha se valen de la Justicia para destruir la imagen pública de los líderes populares al acusarlos de corrupción y encarcelarlos con causas inventadas por magistrados cómplices de esa conspiración. Varias cosas de las que dijo el presidente electo son discutibles, pero la más grave pasó desapercibida. Repasemos.
La teoría pone en pie de igualdad a Lula y a Cristina Kirchner. Y señaló que -por las mismas razones políticas- el gobierno ecuatoriano logró que la Justicia de ese país encarcele al ex vicepresidente Jorge Glas e intente procesar al ex presidente Rafael Correa.
Al pronunciar en México esta teoría, el presidente electo de Argentina dejó planteada la posibilidad de un rompimiento de relaciones con Ecuador, porque dijo textualmente que “Jorge Glas es un preso del presidente”. Ergo, acusó directamente a Lenin Moreno de haber forzado el juicio y la condena a prisión del leal colaborador de Correa, quien fue su vicepresidente hasta que recibió su sentencia.
Nada es claro en Ecuador. El giro político de Lenín Moreno es llamativo. Fue del correísmo, que lo llevó a la presidencia, hasta el anticorreísmo visceral que adoptó al asumir el cargo.
Alberto Fernández acusó a Lenin Moreno de hacer encarcelar al vicepresidente. Esto implica, en los hechos, la ruptura de la relación, al menos entre ambos presidentes. Y lo hizo desde la adhesión a una teoría que plantea cosas ciertas, pero también plantea cosas inciertas, además de confundir deliberadamente casos muy diferentes, como el encarcelamiento de Lula y los procesamientos a Cristina Kirchner.
La teoría conspirativa a la que se afilió Alberto Fernández tendría que explicar los casos de ex presidentes derechistas y centroderechistas encarcelados o procesados por corrupción.
Más allá de los baches del enfoque de Alberto Fernández, está la primer consecuencia de su aplicación al pie de la letra: lo que acaba de decir el presidente electo sobre el mandatario de Ecuador, implica una acusación gravísima que daña la relación entre los dos gobiernos.
Alberto Fernández no sólo se reunió con Rafael Correa, un hecho que en sí mismo no tiene gravedad. Lo grave es que acusó a un presidente vecino nada menos que de haber encarcelado a un inocente.
Semejante pronunciamiento le impone dos alternativas: o bien se disculpa, aclarando que no quiso decir lo que dijo; o bien presenta las pruebas de semejante acusación.