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Por Claudio Fantini. Respecto a Bolivia, el silencio de Mauricio Macri y las declaraciones del canciller Jorge Fourie eludiendo pronunciarse sobre las acciones golpistas, son tan cuestionables como la posición de Alberto Fernández y de quienes, como él, no vieron el estropicio electoral y la responsabilidad que tuvo Evo Morales en el estallido del caos que acabó derribándolo.
Una mirada completa de lo que acontece en Bolivia no puede no ver las evidencias de la deriva anticonstitucional en la que incurrió Evo Morales desde 2016, para lograr un cuarto mandato, así como tampoco puede no ver acciones de los sectores más extremistas de la oposición para echarlo del poder. Esas acciones están a la vista.
De Morales es la responsabilidad del caos y de la oposición ultraderechista de Bolivia es la culpa de la peor violencia.
Una mirada total que supere las miradas parciales ve con claridad la peligrosa deriva del gobierno que comenzó hace dos años y desembocó en la desastrosa elección que desató la crisis.
También tiene que ver la actitud golpista que tuvieron la Policía y el Ejército en Bolivia, así como la violencia extrema de las turbas que responden a grupos ultraconservadoras de Santa Cruz y al líder con mayor influencia sobre ellos: Luis Fernando Camacho.
Hemos descripto la deriva de Morales desde que hace dos años decidió saltar el límite constitucional de mandatos presidenciales, al realizar un referéndum para habilitar su tercera postulación.
Describimos también el carácter absurdo del fallo del Tribunal Constitucional, con el que el presidente burló el resultado del referéndum, que había perdido.
Finalmente, se describió el estropicio electoral cometido que sólo se explica por una maniobra fraudulenta para evitar un ballotage que podía ganar el opositor Carlos Mesa.
La fallida elección detonó las protestas frente a las cuales Evo Morales tuvo dos actitudes diferentes. La primera, fue intentar imponer un resultado electoral inaceptable, pero la segunda fue pedir una investigación de OEA, comprometiéndose a acatar el veredicto y convocar a una nueva elección si la inspección invalidaba el turbio escrutinio.
Las turbas que habían mostrado su brutalidad linchando a una alcaldesa oficialista en Cochabamba, durante el fin de semana desplegaron un accionar que parece responder a un plan golpista: atacar a familiares de dirigentes oficialistas.
Se incendiaron viviendas de familiares directos de ministros y legisladores. La casa de la hermana de Morales ardió como una antorcha, mientras se producían secuestros de hijos y hermanos de funcionarios.
Las últimas decisiones de Evo Morales llegaron tarde. La oposición más sectaria y violenta se habia adueñado del escenario.
Una cosa es que militares y policías se nieguen a reprimir protestas, y otra muy distinta es negarse a cumplir con el deber de proteger a las personas que estaban siendo atacadas por las turbas opositoras a Morales. En lugar de eso, dejaron territorio liberado a la violencia de las turbas mientras el jefe del Ejército le “sugería” al presidente que renuncie.
Obviamente, un jefe militar no puede hacer semejante sugerencia a un mandatario sin que se la interprete como una acción golpista.
La decisión inicial de llamar a una nueva elección, de disolver el Tribunal Electoral y de dejar en manos del Congreso la designación de uno nuevo, fue Morales, no sus opositores, quien hizo gestos en favor de la pacificación. Aunque tardíos, esos gestos existieron. Y finalmente llegó la renuncia, cuando las familias de los miembros del oficialismo estaban siendo atacadas.
Son hechos que están a la vista y evidencian accionar golpista, así como también la responsabilidad de Evo Morales en el caos que desembocó en su caída.
Describir la totalidad de lo acontecido, y no las parcialidades que describieron el gobierno de Mauricio Macri y también Alberto Fernández, es lo que puede ayudar a Bolivia a recuperar la democracia que está a punto de hundirse en una guerra civil que podría infectar toda la región.