El presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno nacional intervendrá y expropiará el Grupo Vicentín, la cuarta empresa agroexportadora del país con múltiples negocios, que se encontraba en convocatoria de acreedores. La polémica decisión, ya que la empresa no será reprivatizada, disparó de inmediato el debate, con críticas de la oposición y de las entidades agropecuarias.

Los más críticos señalaron que el camino elegido por el Presidente es similar al que el chavismo impuso en Venezuela (de allí la expresión “argenzuela”) por la expropiación y el manejo por el Estado de grandes grupos económicos. Vicentín tiene un pasivo de unos 100 mil millones de pesos, que afecta a 518 particulares, empresas y cooperativas cordobesas que casi 5.200 millones de pesos, 5,2 por ciento del total.

El manejo de empresas en crisis es la estrategia elegida por la agrupación La Cámpora, entre otros núcleos políticos que rodean al jefe de Estado. La Cámpora evaluó su eventual participación en las quebradas compañías OCA y Garbarino. De hecho, al anunciar su decisión, Alberto Fernández estuvo acompañado por la senadora nacional Anabel Álvarez Sagasti, quien fue candidata a gobernadora de Mendoza por la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

Grupo Vicentín, los números

• Cuarta empresa agroexportadora del país. Liquidó más de 8,4 millones de toneladas de granos en la campaña 2018/2019. El año pasado, exportó 2,6 millones de toneladas; 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Ocupó el cuarto lugar en el ranking general y primera en subproductos y aceites de soja.
• 2.638 acreedores se presentaron al concurso de acreedores, en reclamo de 99.345 millones de pesos. El proceso se tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe.
• El Grupo Vicentín tiene participación accionaria en 19 empresas y cuenta con 1.287 empleados.
• ACA, el principal acreedor. La Asociación de Cooperativas Argentinas, la cooperativa agrícola más grande del país, reclama una deuda más de 110 millones de dólares.

El fiscal que investiga la cesación de pagos y el concurso de acreedores imputó al ex presidente del Banco de la Nación Javier González Fraga, por los préstamos otorgados a una empresa supuestamente insolvente en los últimos meses de 2019. Además, acusó a los directivos de Vicentín Gustavo Nardelli y Alberto Padoán, ex presidente de la Bolsa de Cereales de Rosario hasta el 13 de diciembre último.

“Empresa testigo y soberanía alimentaria”

En su presentación, junto al ministro de Desarrollo Productivo, y al futuro interventor de la empresa, Gabriel Delgado, Alberto Fernández destacó el hecho de que “el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante”, y consideró que la medida es “estratégica” y que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.

Kulfas también resaltó la importancia de tener«una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.

Alberto Fernández, sobre las críticas de la oposición: «Van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno».

El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. 

El interventor designado, Gabriel Delgado, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015; es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de biodiésel (Renova), una firma textil, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentín Family Wines en Mendoza, además del acopio y exportación de miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.