Por Claudio Fantini. Quienes sostienen que “en la Argentina hay presos políticos”, contradiciendo lo afirmado por Alberto Fernández, sólo pretenden presionarlo para que use el peso de su cargo con el objetivo de imponer impunidad a todos los ex funcionarios kirchneristas acusados de corrupción. Ese goteo constante de voces que desautorizan al Presidente, es  impulsado por Cristina Kirchner. Si no fuera así, ella ya habría hecho callar a su tropa. Le alcanzaría con decir públicamente que “tiene razón Alberto”. Pero no lo hace.

Y desde el entorno de la vicepresidenta salen las más increíbles lucubraciones para robustecer la afirmación de que los kirchneristas detenidos y los procesados son presos políticos.

Uno de esos argumentos -elaborado en las cercanías de Cristina Kirchner- recurre al encarcelamiento de Nelson Mandela para afirmar que se puede ser preso político aún cuando a la detención la hayan ordenado fiscales y la condena haya sido dictada por jueces, en el marco de un proceso en el que el condenado tuvo su derecho a la defensa.

El ejemplo es absolutamente inválido, pero no sólo porque resulta absurdo comparar a Mandela con Cristina Kircher, con Julio De Vido y con Amado Boudou, entre tantos otros. Los largos años de presidio del líder sudafricano en la siniestra Robben Island no tuvieron nada que ver con el enriquecimiento ilícito ni otra forma de corrupción.

Es una comparación inválida porque a Mandela lo condenó el sistema judicial del apartheid, que no era un Estado de Derecho ni daba verdaderas garantías legales a quienes no pertenecieran a la minoría blanca que detentaba el poder.

Los jueces que condenaron a Mandela interpretaban jurídicamente la siniestra teoría racial que sostenía el apartheid. Su ideólogo, el sociólogo de la Universidad de Stellenbosch, Hendrik Verwerder, estableció una escala para dividir a las personas entre razas superiores e inferiores. A la raza negra, Verdwerder la colocaba en el fondo de la escala, en el borde de la especie humana.

En la Argentina, la Justicia funciona mal y está carcomida por una gran cantidad de magistrados que actúan siguiendo los vientos políticos, pero las audiencias son públicas y los fallos pueden ser apelados en instancias superiores: las cámaras, la Corte Suprema y, además, una instancia de apelación supranacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.

«Usar a Mandela para hablar de presos políticos en los casos de Cristina Kircher, De Vido y Boudou, es un absurdo».

A Mandela lo juzgó y encarceló el apartheid. Su condena fue firmada por los jueces del régimen afrikáner, como se denominaba a sí misma la minoría blanca.

Las democracias maduras de entonces lo consideraron un preso político, entre otras muchas razones, porque no hubo instancia supranacional a la que pudieran apelar los abogados de quien llegó a ser considerado el “preso político” más célebre y admirado del mundo.

Fue evidente para el mundo entero que el líder del Congreso Nacional Africano (CNA), la principal organización antiapartheid, había sido juzgado sin los derechos y las garantías que tenían los blancos que eran sentados en el banquillo de los acusados.

Usar aquel caso histórico para justificar la afirmación de que presos por corrupción, como De Vido y Boudou, son presos políticos, y que Cristina Kirchner es una “perseguida política” mediante procesamientos por enriquecimiento ilícito, resulta sencillamente absurdo.

En la Argentina, con todas las falencias que tiene la Justicia, liberar de culpa y cargo a los presos y a los procesados por corrupción, sería la obra de un presidente que podría marchar a contramano del Estado democrático.