Después de tres días que el juez Ariel Lijo decidió el procesamiento de Amado Boudou, la presidenta Cristina Kirchner sigue sin hablar de la causa que involucra a la segunda autoridad del país. ¿Qué hay detrás del respaldo al vicepresidente que le provoca un alto costo político?

Boudou declaró el 9 de junio y pidió volver a hacerlo. Antes, el juez lo procesó | Crédito: Turello.com.ar

Esto sucede mientras la oposición política cierra filas para promover el juicio político de Boudou. La dirigencia opositora varió su petición para que el vicepresidente pidiera licencia y apuesta ahora a una jugada más fuerte, aunque dada la mayoría kirchnerista en el Senado y en Diputados es muy difícil que los proyectos prosperen.

Una de las respuestas más acertadas sobre la actitud de la Presidenta la brindó recientemente el politólogo Rosendo Fraga, quien sostuvo: ❝El tema desgasta al Gobierno, pero Cristina Kirchner prefirió perder imagen y retener poder❞.

Todas las informaciones señalan que cerca de la jefa de Estado se piensa que un eventual permiso hasta el juicio oral o la renuncia del vicepresidente podría acelerar una crisis política que terminará golpeando a Cristina Kirchner. Según sus allegados, no quiere repetir la experiencia del “vacío de poder” que se produjo cuando Carlos “Chacho” Álvarez renunció por presuntos sobornos en el Senado y meses después cayó Fernando De la Rúa.

La otra presunción es que, además del juez Lijo que procesó a Boudou por cruces de llamadas, documentos y testigos que confirmaron su participación en la compra de la ex Ciccone Calcográfica, habrá otros magistrados que avanzarán sobre causas de corrupción.

Las razones por las que Cristina Kirchner defiende a Boudou son el temor a perder poder y a una avanzada que la lleve a la renuncia política y acelere los procesos judiciales en su contra.

❝Además de Lijo, habrá otros jueces que se van a animar❞, dijo a esta página un conocedor de las posiciones y temores de los magistrados federales. Pese a las cientos de denuncias de corrupción, hasta ahora las causas judiciales sólo avanzaron contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, y Felisa Miceli, condenada por la misteriosa aparición de un sobre con dinero en el baño privado de su despacho cuando era ministra de Economía.

El vicepresidente se defendería apelando el procesamiento y el embargo que le dispuso Lijo y con fuertes acusaciones políticas por su accionar. Una forma de amedrentar, lo mismo que sucede con el fiscal José María Campagnoli. ❝Campagnoli va a ser repuesto en funciones una vez que el caso llegue a la Corte❞, concluyó el operador político que conoce el humor de los jueces.■

Redacción Turello.com.ar

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