Por Claudio Fantini. Alberto Fernández tuvo que aclarar que las expresiones de Cristina Kirchner en su extenso alegato en Comodoro Py, no lo afectaron en forma negativa y que le pareció «formidable» todo lo que dijo la vicepresidenta electa, parece más bien demostrar lo contrario. Cristina Kirchner produjo básicamente tres cosas: presionó a la Corte Suprema; calificó su caso como de «persecución política» y le avisó a Alberto Fernández que el juicio por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz también es un problema de él.

Cristina Kirchner puso en aprietos judiciales a Alberto Fernández | Foto: archivo Turello.com.ar

Al decir “a mí la historia ya me absolvió”, parafraseó a Fidel Castro en su célebre alegato durante el juicio por el asalto al Cuartel Moncada. Pero el reclamo de absolución fue más práctico: no estuvo dirigido a la historia, sino a la Corte Suprema.

La máxima instancia de la Justicia argentina debe pronunciarse sobre varios recursos de amparo presentados por la defensa de la vicepresidenta electa. Uno de esos recursos dice que el caso “Vialidad” ya fue juzgado en Santa Cruz. Y la acusada de “jefa de una asociación ilícita” en esa causa procura que los jueces supremos lo declaren “cosa juzgada”.

Con el peso de su investidura, el mensaje que envió a la Corte constituye una fuerte presión sobre sus miembros. Si no hacen caer este caso como una torre de naipes, serán parte del lawfare del que se describe víctima. Esa teoría plantea que los presidentes “progresistas” que están procesados o encarcelados, son víctimas de una «guerra judicial» cuyo objetivo es mancharlos y sacarlos del escenario político.

Según esta visión, en los países donde han implementado sus políticas progresistas hay jueces y fiscales complotados para someterlos a procesamientos por corrupción.

Los grandes medios de comunicación son una parte fundamental del lawfare porque instalan la certeza de culpabilidad y destruyen la reputación de los acusados, quienes terminan siendo “presos políticos”, de acuerdo con ese concepto usado en los casos de Cristina Kirchner, Lula y Rafael Correa.

La lente que permite ver las cosas de ese modo no esclarece del todo la realidad, ni la distorsiona totalmente. En algunos casos acierta, en otros acierta en parte y en muchos desacierta por completo. Pero como toda teoría conspirativa, su objetivo no es la verdad de los hechos, sino la funcionalidad política que puede tener la interpretación de esos hechos.

En definitiva, no hay gobernante acusado de corrupción que no se declaré víctima de un complot. El último caso es Benjamín Netanyahu, quien habló de golpe de Estado y conspiración ni bien fue imputado por la Fiscalía General de Israel.

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No obstante, en el caso que tiene en vilo a la Argentina no todo debe ser puesto bajo sospecha de victimización.

Recurriendo al sentido común y ateniéndose a lo que está a la vista, es posible sospechar de operaciones políticamente guiadas. Los ejemplos son varios, pero uno de los más evidentes fueron las “filtraciones” y difusión pública de escuchas de conversaciones telefónicas privadas de la ex presidenta.

Lo que corresponde a los acusados de corrupción es demostrar su inocencia refutando las pruebas en su contra.

Esas escuchas fueron ordenadas por jueces y sólo podían ser escuchadas por quienes llevan la causa. Sin embargo, se filtraban de los juzgados y eran difundidas por radio y televisión sin que nadie impida esa difusión ni investigue las filtraciones.

Cristina, y los juicios por corrupción

Pero el sentido común y lo que está a la vista, justifican que haya juicios por corrupción y que Cristina Kirchner esté entre los acusados.

Pero el alegato de Cristina Kirchner sólo se concentró en describirse como blanco de una guerra judicial, presionar a la Corte Suprema para que interceda en su favor y colocar al presidente electo en el escenario en el que se encuentra ella.

Aunque lo haya planteado como una ironía, señalar que quien aprueba y firma los contratos de la obra pública no es el presidente o la presidenta, sino el jefe de Gabinete fue señalar un hecho objetivo. De tal modo, siendo objetivamente cierto que un presidente puede (aunque no debiera) ignorar las adjudicaciones de obra pública, pero es imposible que lo ignore su jefe de Gabinete, la vicepresidenta electa indicó a los jueces quienes deberían estar sentados en el banquillo de los acusados, antes de sentarla a ella.

Y esas personas son Alberto Fernández y Sergio Massa, el presidente electo del país y el próximo presidente de la Cámara de Diputados.

Posiblemente, semejante señalamiento revela una sospecha de Cristina: Alberto Fernández no piensa hacer nada para evitar que los procesos judiciales terminen sacándola de la vicepresidencia y del poder.

Claudio Fantini

Politólogo y periodista. Analista político en medios argentinos y del exterior. Profesor y mentor de Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Autor de varios libros, el último de los cuales es la La Gravedad del Silencio.