Por Claudio Fantini. En Cuba, comenzaron los juicios a 59 manifestantes que fueron detenidos durante las recientes protestas y acusados de perpetrar destrucción y otras acciones violentas. Entre los acusados, no hay ningún integrante de los grupos de choque, quienes actuaron en modo piraña contra manifestantes a los que golpeaban brutalmente, lo que parece confirmar la discrecionalidad del proceso.

Cuba, una Justicia controlada

Decenas, sino cientos, de filmaciones hechas con teléfonos celulares muestran esas acciones de los enviados por el régimen para aplicar la represión contra las protestas. No obstante, no están sentados en el banquillo de los acusados.

La historia del régimen cubano muestra acontecimientos que permiten dudar de que los acusados vayan a tener juicios justos.

El primer caso resonante ocurrió en 1959. A poco de que el Ejército Rebelde venciera al régimen de Fulgencio Batista, se formó un tribunal revolucionario para procesar a casi medio centenar de pilotos acusados de haber realizado bombardeos genocidas en Sierra Maestra.

Ese tribunal revolucionario terminó absolviendo a los pilotos porque lograron probar que no habían realizado los bombardeos que le ordenaba el Estado Mayor. Hubo campesinos que testimoniaron que los aviones lanzaron al mar los proyectiles, en lugar de arrojarlos sobre los poblados copados por guerrilleros.

Pero Fidel Castro reaccionó contra ese veredicto; ordenó un nuevo juicio, en el que los pilotos fueron condenados a largas penas de prisión.

No fue el único caso del control de la Justicia por parte de los altos mandos cubanos.

Seis décadas de historia muestran la ausencia de un Estado de Derecho en Cuba. Es probable que estos juicios requieran de la presión internacional.

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Además de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, esa presión tendrá más fuerza y legitimidad si también se ejerce contra los demás gobiernos latinoamericanos que cometen crímenes y arbitrariedades.

Latinoamérica autoritaria

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei sigue avanzando hacia el autoritarismo de manera descarada. Ahora, hizo que la fiscal General de la Nación, Consuelo Porras, destituyera al fiscal Especial Contra la Impunidad, Juan Sandoval, quien tras dejar el cargo huyó del país temiendo por su integridad física.

El régimen de Nicaragua apresó a otro precandidato a la presidencia, el séptimo, y a un periodista dedicado a la opinión política. Con la detención de Noel Vidaurre y Jaime Arellano, mostró que continúa en marcha la razia contra opositores y críticos.

La ola de denuncias que recorrió América Latina cuando comenzaron las detenciones por gravísimas acusaciones contra los aspirantes opositores a la presidencia y a otras figuras, debería reactivarse para no dar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la vía libre para la tercera reelección.

Los desafíos de El Salvador y Colombia 

En El Salvador han sido detenidos varios ex ministros del gobierno anterior, que son dirigentes notables en el ahora opositor Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

El presidente Nayib Bukele está utilizando su popularidad para avanzar sobre el control de las instituciones y ha perpetrado embestidas contra la división de poderes; dispuso la orden de captura contra el ex presidente Sánchez Cerén y las detenciones de cuatro ministros de su gobierno.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debería pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Su silencio resultaría estruendoso precisamente por el fuerte activismo que realiza contra los atropellos de los regímenes venezolano y nicaragüense.

Es necesario, incluso, para que las denuncias de gobiernos y organismos regionales sobre atropellos cometidos contra la disidencia en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela tengan la credibilidad que necesitan para ser efectivas.

Es imprescindible actuar con la misma energía cuando los atropellos ocurren en otros países, así como en Cuba y en Venezuela.

En Colombia, el escalofriante número de asesinatos cometidos a dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y ex guerrilleros que dejaron las armas en virtud de los acuerdos de paz, no parece ser percibido en su gravedad por los gobiernos y organismos regionales.

Nadie exige al gobierno colombiano actuar contra esas maquinarias de matar.

Ese silencio permite también a presidentes de ambiciones hegemónicas, como Nayib Bukele, avanzar hacia la suma del poder.

Claudio Fantini

Politólogo y periodista. Analista político en medios argentinos y del exterior. Profesor y mentor de Ciencia Política en la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Autor de varios libros, el último de los cuales es la La Gravedad del Silencio.