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Por Claudio Fantini. ¿Qué fue lo primero que dijo Benjamin Netanyahu sobre la imputación que le hizo el fiscal General por corrupción? Que se trata de “un intento de golpe de Estado” y que hay una conspiración desde el exterior contra él. La teoría del lawfare –que esgrime el Grupo de Puebla y varios ex presidentes acusados de corrupción- se debilita con el caso del primer ministro israelí.
Ocurre que Netanyahu es el líder del conservador Likud; lidera una coalición de derecha dura y en su largo gobierno aplicó políticas económicas neoliberales.
Según el Grupo Puebla y las dirigencias latinoamericanas afines, el lawfare es la guerra judicial que los grupos concentrados de poder económico, con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, libran contra los gobiernos progresistas para desprestigiarlos, encarcelarlos y destruir sus políticas favorables a las masas populares.
En su gobierno, Netanyahu aplicó capitalismo, conservadurismo religioso y expansionismo territorial.
Sus éxitos le permitieron superar el récord de duración en el cargo de primer ministro que tenía David Ben Gurión, además de acumular poder debilitando a sus adversarios.
Logró también el apoyo de Donald Trump al lograr de Washington concesiones que antes le negaba. Sin embargo, el fiscal general Avichai Mandelblit comenzó hace tiempo a investigar una serie de denuncias que iban desde aceptar regalos caros de empresarios allegados, hasta favorecer a medios de comunicación que aceptaran tratar favorablemente a su gobierno y a él como primer ministro.
Israel quedó atrapado en un laberinto electoral, con dos comicios que no permitieron formar gobierno. Situación que se agrava con la imputación a Netanyahu, la primera contra un jefe de gobierno en funciones, ya que Ehud Olmert, el único primer ministro que estuvo preso por corrupción, fue imputado y procesado después de haber sido primer ministro.
Netanyahu no es el único caso que demuestra que el lawfare, o bien no existe, o bien se aplica más con gobernantes de derecha que de izquierda.
También Donald Trump está siendo empujado a un banquillo de acusados y es probable que lo destituyan. Igual que el líder ultraconservador israelí, el presidente norteamericano se victimiza; habla de “cacería de brujas” y denuncia una conspiración izquierdista para derribarlo.
En el mundo hay muchos otros casos de centroderechistas que son procesados por corrupción o por manejos indebidos desde el cargo.
Latinoamérica está repleta de casos: desde el liberal panameño Ricardo Martinelli y el general derechista guatemalteco Otto Pérez Molina, hasta el récord peruano de procesamientos y encarcelamientos de presidentes que sostuvieron el modelo neoliberal que inició Alberto Fujimori y aún sigue vigente.
Pero para el Grupo de Puebla y otros foros de izquierda, las persecuciones judiciales sólo se aplican a Lula, Cristina Kirchner y Rafael Correa.