Horas antes del 7D (7 de diciembre), que el Gobierno imagina como una epopeya que cambiará la pérdida de respaldo que sufre en la sociedad, el organismo regulador –AFSCA– impugnó a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial. Este tribunal debía resolver la ampliación de la medida de no innovar que pidió el Grupo Clarín.

Pero la embestida de la administración de Cristina Kirchner no se quedó ahí: hubo una fuerte carga verbal contra los magistrados que habían sido habilitados por sus pares para fallar, luego de desestimar una nueva recusación de la Jefatura de Gabinete.

El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que una eventual extensión de la medida cautelar «sería un alzamiento contra un ley de la Nación, y generaría un conflicto de poderes«. Carlos Kunkel y otros oficialistas hablaron de la «corporación judicial«, que, según sus creencias, está detrás de un «golpe institucional».

Lo cierto es que la recusación vuelve a trabar el accionar de la Justicia y favorece los planes del Gobierno que, ante el vacío de un pronunciamiento judicial, pretende avanzar de hecho sobre los bienes y medios del Grupo Clarín. Precisamente, El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella (foto),  modificó de forma reservada el protocolo de actuación, que le permitiría ahora conceder las licencias de los medios de comunicación que considera que están en infracción e, incluso, apoderarse de sus bienes. Cuando se sancionó la ley, funcionarios y oficialistas prometieron en el Congreso que se respetarían la propiedad privada y las fuentes laborales.

El Grupo Clarín calificó de «mentiroso» al ministro Alak, en tanto los diputados nacionales Elisa Carrió y Mario Negri, entre otros, anunciaron que pedirán el juicio político del funcionario por atropello a los jueces.

Redacción Turello.com.ar

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