Por Juan Turello. Los mercados le dieron un respaldo al Gobierno nacional en el cierre de agosto,...
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El peronismo tucumano apeló el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dispuso anular los comicios del 23 de agosto, cuyo triunfo se lo adjudicó el kirchnerista Juan Manzur. Si la Cámara concede la apelación, el caso llegará a la Corte Suprema de Tucumán, que podría validar el fallo o revocarlo. De todos modos, por las posiciones de las partes, el tema deberá ser resuelto en definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que descartó la posibilidad de aplicar un per saltum y recibir en forma directa la apelación.
Se menciona la posibilidad de una intervención federal de la provincia, que quedaría a cargo de Julián Domínguez.
Otros tiempos, a pura sonrisa: Julián Domínguez, Beatriz Rojkés y Jorge Alperovich en Tucumán | Foto: lv12.com.ar
El mandato del actual gobernador, Jorge Alperovich, vence el 28 de octubre, por lo que se descarta la posibilidad de que haya nuevos comicios antes de esa fecha. Ante este escenario, desde el kirchnerismo y hasta Alperovich reconocieron que la alternativa sería la intervención federal de la provincia por parte del Gobierno nacional.
De concretarse esta alternativa, tales funciones serían ejercidas por Julián Domínguez, el actual titular de la Cámara de Diputados de la Nación, quien fuera derrotado por Aníbal Fernández en la interna del kirchnerismo para ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Esta posibilidad fue revelada ayer al mediodía por el periodista Julián Cañas, en el programa Juan al Medio, de Radio Continental Córdoba.
Aunque la oposición dijo que el fallo se ajustó a derecho, el kirchnerismo descargó toda su artillería sobre dos de los tres miembros de la Cámara Contencioso Administrativa que anularon los comicios, los cuales están sospechados de múltiples irregularidades y de la compra de votos a través de diversos procedimientos, mostrados por informes periodísticos.
La frase más común fue que la resolución era “un golpe judicial contra la democracia”. El primero en plantear esa interpretación fue el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, quien –a hora muy temprana- lo calificó como “destituyente”. Entre los que aceptaron este criterio estuvo la agrupación Justicia Legítima de Córdoba.
Aunque hubo numerosas intervenciones federales en la Argentina desde el restablecimiento de la democracia en 1983, ésta es la primera vez que un tribunal anula los comicios por hechos fraudulentos.