Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Golpeado por el impacto social del tarifazo, el Gobierno nacional intentó ayer mejorar los anuncios sobre la tarifa del gas natural, pero generó más confusión.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo: “Vamos a plantear un solución que genera un tope de 400% no a la tarifa sino a la factura, retroactivo al 1° de abril». Con la afirmación de Peña se entendió que las facturas que se emitan desde el 1° de abril tendrían un tope de 400%, en relación con lo que se pagó en un bimestre similar de 2015. Esto es que para una factura de 300 pesos, el tope sería de 1.200 pesos.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sin embargo, dio otro ejemplo, que generó confusión.
Dijo que si una persona o familia pagaba 300 pesos, el nuevo tope sería de 1.500 pesos. Esto implica un aumento de 400% -que equivale a 1.200 pesos- más los 300 pesos de la tarifa anterior. En este caso, el aumento es del 400%, aunque la factura –aumento más servicio anterior- llegaría a 1.500 pesos.
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— Sebastián Turello (@SebaTurello) 12 de julio de 2016
El Gobierno dio una larga explicación de que todo este esquema se había aplicado para alentar el ahorro de energía, hasta que las nuevas inversiones provean el combustible necesario, que ahora se importa.
No obstante, otros analistas alertaron que el tope del 400% para las familias y del 500% para comercios e industrias, implica que quienes consumen más gas tendrán un mayor subsidio que desde antes de abril. En esos casos es que porque el tope fijado no incentiva un menor pago para quienes ahorren combustible.
En un lenguaje más claro: los que calefaccionan la pileta podrán seguir haciéndolo, ya que saben que –cualquiera sea su consumo- tendrán un tope de 400% en relación con lo que pagaban en un bimestre similar de 2015.
Con el tope del 400%, y sin beneficio si consumís menos, hay un incentivo a consumir todo el gas que puedas que no te puedo explicar.
— Félix Piacentini (@FlxPiacentini) 11 de julio de 2016
1) Habrá tarifa social para las entidades de bien público (ahora excluidas) y se aplicará un criterio georreferencial para aplicar esta tarifa a sectores de menores recursos.
2) Hoy se apelarán ante la Corte Suprema de Justicia los amparos que fueron aceptados por jueces y cámaras federales, para que el máximo tribunal del país se expida sobre el tema. Lo haría recién en agosto.
3) En octubre próximo se harán las audiencias públicas previstas en la ley, para que –hacia el futuro- pueda existir un «ajuste tarifario previsible, ordenado, justo y equitativo». La falta de las audiencias públicas fue el tema de fondo para la presentación de los amparos.
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