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Por Juan Turello. Javier Milei, gobernadores e intendentes protagonizan una batalla política, que resulta muy costosa para consumidores y usuarios, señala mi nota en La Voz. La disputa en torno de dos grandes temas -el subsidio al transporte público y el Fondo de Incentivo Docente (Fonid)- esconde, por momentos, contenido político e ideológico. La pelea del presidente con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
La principal pelea es por los subsidios al transporte y el fondo docente. Son miles de millones de pesos que están en juego.
Ambos servicios son responsabilidad primaria de las provincias e intendencias, pero ningún gobernante está dispuesto a enfrentar el malestar social a dos meses de iniciado su mandato.
Córdoba recibía unos $1,8 millones a diciembre último, para subsidiar el transporte. Alrededor del 80% se destinaban a la Municipalidad de Córdoba.
El Fondo Compensador del Interior para el transporte era de 102 mil millones de pesos en el Presupuesto 2023, que se prorrogó para este año.
El intendente Daniel Passerini sostiene que la Nación hace “un manejo discrecional” de quiénes son los beneficiarios del subsidio a través de la tarjeta Sube. Y afirma que no lo convocaron para su puesta en marcha en la ciudad de Córdoba.
Detrás de esta batalla, se esconde también la pelea por el manejo financiero que hacen los bancos depositarios de la Sube en AMBA y de las tarjetas Red Bus y TIN en Córdoba. No está claro cómo se manejan y quién se beneficia de esos recursos millonarios.
El malestar irá en aumento con la eliminación de los fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares, que se usaban para alentar el desarrollo provincial, sostener el precio del trigo, la construcción (Progresar) y la salud, entre otras finalidades
Funcionarios nacionales revelaron a este medio el enojo presidencial con el mandatario cordobés, a quien acusan de redoblar la apuesta en cada uno de sus pedidos, que terminaron por derrumbar el proyecto oficial.
El presidente no cesa en el ataque a Martín Llaryora y a los diputados cordobeses que no votaron la ley ómnibus.
Los opositores de Llaryora sostienen que su estrategia se basó en “hacerse de caja”, para su proyecto presidencial que, dicen, entrevió como posible este año.
Cuestionan también los anuncios diarios de obras millonarias que hace en cada población que visita.
Los miembros de la “mesa chica” responden que Llaryora hizo lo que haría cualquier gobernador: defender los fondos que le corresponden a la Provincia, desangrada por las retenciones a los granos y por las que se querían aplicar a la producción de agromáquinas y metalmecánica.
Además, peleó contra los incumplimientos de la ANSES en sostener la Caja de Jubilaciones.
El gobernador sostiene que la única medida que mantendrá la actividad es la de obra pública, cuando el país ya entró en recesión, con alta inflación.
“Córdoba no se arrodillará”, proclama en las tribunas y ante los medios de comunicación.
La batalla es ideológica por parte de quienes rechazan a Milei (kirchneristas y la izquierda), y también política: gobernadores e intendentes saben que sin caja no es posible gestionar.
¿Quién debe hacer el ajuste en el Estado para que Argentina deje atrás 113 de los últimos 120 años en los que hubo déficit fiscal, que hundió al peso a valores insignificantes?
¿Quién debe ser responsable de sostener el transporte público, los docentes y los hospitales?
Se debería estar discutiendo cómo se reparten los fondos que se recaudan a través de impuestos nacionales.
Junto a ello, es necesario ordenar el Estado nacional, las provincias y las intendencias para evitar funciones superpuestas, además de actuar con eficiencia y eficacia.
Milei no encaró en sus dos primeros meses de gestión un ordenamiento del Estado, con más eficiencia y eficacia.
Tampoco acudió a un lenguaje comprensible para que consumidores y usuarios sepan sobre la corrección de los precios, que la política distorsionó en los últimos 20 años.
Queda mucho por hacer, pero sin diálogo será imposible llevarlo a cabo.