Por Raúl Faure (ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba).Desde que se anunció la reforma judicial se difundieron los reparos de quienes sostienen que el único propósito es el de someter la Justicia al control presidencial.

Pocos, quedaron al margen del debate.

Asociaciones de juristas, academias, historiadores, legisladores de partidos opositores, gobernadores, gremios obreros, cámaras empresarias y hasta Corte Suprema de Justicia denunciaron que las leyes aprobadas en tumultuosas e irregulares sesiones legislativas le concederán al Ejecutivo la suma del poder público, a pesar de la prohibición expresa establecida por el artículo 29 de la Constitución Nacional.

A esos cuestionamientos, se sumó el informe de la Relatora de las Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial  para quien la reforma afectará nuestro sistema democrático.

Llama la atención el silencio que, hasta hoy, guardan las universidades nacionales. En especial, la más antigua y prestigiosa, la de Universidad Nacional de Córdoba. Ni las autoridades, ni sus facultades, ni sus gabinetes ni sus agrupaciones estudiantiles han dado a conocer su opinión sobre ese tema que abrió un abismo entre los argentinos.

En soledad, Pablo Riberi, profesor de Derecho Constitucional, demostró con buenos argumentos jurídicos que las reformas demolerán la independencia de los poderes.

En lo paricular, no me sorprende el silencio de la Universidades Nacional de Córdoba. No es la primera vez que los claustros ceden ante las imposiciones autocráticas. En 1933, en la Alemania del Tercer Reich, la oleada nazi que aniquiló las instituciones democráticas no encontró barreras en las universidades. La mayoría de sus entonces profesores y estudiantes sostenían que “Hitler era un instrumento del Creador de todas las cosas”.

Entre esa consigna nazi de hace ocho décadas y el dogma que cultivan hoy muchos docentes y estudiantes hay un estrecho parentesco. Tienen la misma fuente ideológica – la de los enemigos de los valores republicanos- y creen que el país debe someterse a la voluntad de los gobernantes a quienes se confiere -sin fundamento científico alguno- un carácter providencial.

Redacción Turello.com.ar

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