Por Claudio Fantini. El gobierno colombiano y las FARC anunciaron un paso importantísimo en la negociación de paz, que llevan adelante con la mediación de Cuba. Acordaron una amplia reforma en la ardua cuestión de la tierra, los campesinos y la producción rural.

Para el ex presidente Álvaro Uribe y sus seguidores es un paso más en la traición del presidente Juan Manuel Santos al legado triunfal del gobierno anterior en materia de lucha contra la antigua guerrilla.

Desde este ángulo de observación, acordar una reforma rural con las FARC es legitimar a una banda criminal que industrializó el secuestro y se asoció al narcotráfico, reconociéndole el derecho a representar al campesinado.

No es una observación descabellada. Tampoco lo es considerar que, acorralada y debilitada como estaba, lo único sensato de parte del gobierno era continuar hasta la capitulación o extinción total de la guerrilla del legendario Tirofijo.

Sin embargo, tampoco es descabellado apoyar la negociación que lleva adelante el presidente Santos y considerar un avance incluso lo acordado en la cuestión rural. De hecho, Estados Unidos está apoyando el proceso negociador y consideró positivo el primer acuerdo logrado en La Habana.

Acordar una reforma agraria implica que el gobierno de Santos entiende que el problema de la tierra y de la pobreza campesina es el alimento de insurgencias y narcotráfico. Y como no se puede desterrar flagelos sin eliminar sus causas, es imprescindible avanzar en la modificación del escenario que alimentó la violencia colombiana desde principios del siglo 20, cuando estalló la Guerra de los Mil Días.

Si de verdad la reforma acordada no modifica, como anunció el gobierno, la propiedad privada ni afecta a ningún propietario, entonces Santos podrá decir que no hizo más que acordar sobre la base de lo que propuso desde su plataforma electoral, logrando que las FARC desistan de su pretensión original: precisamente, modificar el régimen de propiedad de la tierra.

Contando tanto con el apoyo norteamericano como con los de Cuba y Venezuela, Santos se asegura que, el acuerdo final, implique realmente el final de un conflicto que viene prácticamente desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliéser Gaitán en 1948.

Pero aún no debe cantar victoria. Si bien la cuestión de la tierra era el tema más difícil en la agenda de seis puntos, los cinco restantes también tienen sus complejidades. Particularmente, el que se debe negociar ahora: las condiciones para el desarme y desmovilización de las FARC.

A lo que se acuerde, el uribismo le criticará inexorablemente que se está concediendo impunidad a criminales que llevan años cometiendo secuestros, masacres y delitos de narcotráfico.

Redacción Turello.com.ar

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