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Por Juan Turello. Alberto Fernández dio definiciones clave sobre la economía en Formosa, a 1.100 kilómetros del núcleo duro del poder en el frente que lo encumbró a la Presidencia, señala mi nota en La Voz. En un territorio donde la actividad privada es casi nula, dijo que tienen “ideas locas” quienes proponen que el Estado sea accionista de las empresas a las que ayuda a pagar los sueldos. Y adelantó una reforma impositiva. De qué se trata.
El concepto de obligar a los privados a ser socios del Estado no ha muerto entre los ideólogos de un modelo que admiran como China alentó las zonas económicas especiales (ZEE), una singular alianza de capital privado y público, que impulsa –desde hace más de 30 años- el crecimiento del gigante asiático. La tentación al “Estado presente” (y gendarme) es fuerte entre esos dirigentes.
Para conocer cómo funciona la “economía de mercado socialista”, hay que observar los patrones culturales y de trabajo que muestra la galardonada película American Factory, producida por Michelle y Barack Obama. Los obreros terminan añorando la protección social del ¡capitalismo norteamericano!
En muchos países, grandes empresas en manos del Estado son eficientes y ofrecen productos y servicios de alta calidad. En la Argentina, esa cultura no prosperó.
En la Argentina, la cultura de empresas públicas no prosperó.por varios vicios; entre otros, las decisiones políticas por encima de los principios de la conducción empresaria y por la corrupción.
Y también porque en varias empresas los empleados consideran que son sus dueños; modifican los conceptos de eficiencia y rentabilidad, y no se asumen como “servidores públicos”, como se los identifica en los modelos que admiran. Hay cientos de ejemplos en el país y en Córdoba. Póngale el nombre que quiera.
¿Será necesario que Alberto Fernández recorra otros mil kilómetros para anunciar lo que esperan los agentes económicos?
La buena noticia es que el presidente alentó una reforma impositiva que –acorde con principios tributarios modernos- haga foco en el patrimonio y no en el consumo.
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En la Argentina, el 80% de la recaudación está concentrado en impuestos al consumo, IVA e Ingresos Brutos, de modo principal. Se grava de igual forma el gasto de quienes están en la base de la pirámide social y al 10% más rico.
Ese objetivo forma parte de todos los gobiernos desde 1994 –¡hace 26 años!- cuando en la reforma constitucional se incluyó la obligación de sancionar una nueva ley de coparticipación federal.
Fernández volvió a desempolvar esa idea, que en el fondo apuntaría a quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires –administrada por el dirigente más valorado del macrismo, Horacio Rodríguez Larreta– y dárselos a la provincia de Buenos Aires, en manos de Axel Kicillof. Doctor en Economía, Kicillof aún no encuentra un modelo para atender la cuarentena, la pobreza y el crecimiento. En los mensajes quincenales del presidente, expone esas dudas.
Eliminar el Impuesto a las Ganancias a trabajadores y jubilados tiene un enorme apoyo social y de la CGT, pero es un revulsivo para el Ministerio de Economía y las provincias.
El temblor sacudió por igual a Martín Guzmán y a los gobernadores (el impuesto es coparticipable), luego de la fuerte caída real de la recaudación en marzo, abril y mayo.
La preocupación es la economía pospandemia, sobre la cual no existen señales claras por parte de un Gobierno que oscila entre uno y otro discurso.
Será difícil, si la Argentina no tiene crédito externo por el default interminable (la negociación se extenderá hasta el 12 de junio), sin ahorro interno y con una moneda depreciada.
¿Será necesario que Alberto Fernández recorra desde Buenos Aires otros mil kilómetros para anunciar lo que esperan los agentes económicos, sin los ruidos del núcleo duro del poder?