Gran Bretaña cometería un gravísimo error si sacara por la fuerza a Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres.

El canciller William Hague habló de esa posibilidad, invocando una ley aprobada en 1987 para que las legaciones diplomáticas no se convirtieran en refugio de terroristas. Esa ley, impulsada por Margaret Thatcher, se aprobó en virtud de la muerte, tres años antes, de una agente británica por los disparos efectuados desde el interior de la embajada de Libia contra una protesta que se efectuaba frente a la sede diplomática.

Además, Assange no es un terrorista. La sola mención que hizo William Hague constituye un error, que supo capitalizar el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para aglutinar a los países de la región contra Londres. Para fortalecer su decisión de negar el salvoconducto a Assange, Gran Bretaña debiera comprometerse a no extraditar al australiano a Estados Unidos, sino a Suecia, que lo reclama por denuncias sobre delitos sexuales.

A su vez, el estado nórdico debiera comprometerse a rechazar cualquier reclamo norteamericano sobre el creador de Wikileaks. De ese modo, tendría más consistencia la negativa a otorgar el salvoconducto.

La posición asumida por el gobierno ecuatoriano y sus aliados del bloque chavista (ALBA), alegando la defensa de la libertad de expresión, los compromete a cesar las embestidas que en forma asidua realizan contra la prensa que es crítica de sus respectivos gobiernos.

El asilo político otorgado por Correa también lo obliga, por coherencia, a actuar del mismo modo, por ejemplo, si la bloguera disidente cubana Yoani Sánchez le pidiera lo mismo que solicitó Assange. ¿Obtendrían asilo en Ecuador, Nicaragua o Venezuela los periodistas cubanos que denuncian persecución a su labor en la isla?

¿Reclamarían Correa y Chávez por las rockeras rusas condenadas a dos años de cárcel por cantar una canción contra Putin?