Por Matías Vicente, del IIE de la Bolsa de Comercio de Córdoba. La situación habitacional es mucho más preocupante en los números que la prioridad que tiene en la agenda de las políticas públicas. Sin divagar en las ventajas individuales de la vivienda digna, ni el significado de tener un inmueble propio, nos centraremos en el análisis cuantitativo.

En primer lugar, y tomando de referencia los datos del polémico INDEC, se observa una reducción del porcentaje de propietarios de su vivienda (y el terreno), el cual pasó del 70,6% en 2001, al 66,1% en 2014. Lo preocupante no es el porcentaje en sí, sino la tendencia declinante.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en base a INDEC.

Pese al desarrollo que mostró la construcción en los últimos años, cada vez más argentinos son inquilinos. Esto denota que quien tuvo mayor acceso al mercado inmobiliario en ese período fue el inversor, dejando atrás a las familias que buscan adquirir un hogar para vivir.

Apartando el tema de la propiedad, no puede obviarse una problemática todavía más acuciante. Un millón de hogares argentinos habita en viviendas precarias (pisos de tierra o ladrillo suelto; techos de tabla, paja, caña o chapa de cartón). Si a ellos sumamos los hogares que usurpan su vivienda o habitan en villas, zonas inundables o se ubican proximidades de un basural, la cifra supera las 2,7 millones de familias en condiciones de vulnerabilidad habitacional. Esto es el 21% del total de hogares.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, según INDEC.

Para completar el análisis, podemos incorporar el hacinamiento, entendido como la cohabitación de hogares o la presencia de más de 3 individuos por dormitorio, que en el país conforman medio millón de familias. Para redondear, el 25% de los hogares y el 31% de los argentinos tiene problemas en materia de vivienda.

Con espíritu propositivo, si consideramos el monto destinado a subsidios a la energía, sólo una reducción del 23% permitiría liberar fondos para la construcción de 200.000 viviendas al año. En el transcurso de un lustro, se podría subsanar el problema más urgente de la vivienda precaria. El peso de los subsidios económicos no recae entonces sobre el Tesoro, sino que es un costo social que se traduce, por ejemplo, en menos viviendas sociales.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La magnitud del flagelo impide una solución pronta, aún si hubiese voluntad de resolverlo. Las políticas en la materia, como los planes federales de vivienda o los fondos del FONAVI son insuficientes. A pesar del paso positivo que significó ProCreAr, aún se está muy lejos de afrontar el déficit habitacional en toda su dimensión. Hasta que eso suceda, la vivienda digna seguirá siendo un sueño para millones de argentinos.

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