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Mientras los indicadores privados revelan que la industria sigue en caída, los dirigentes del sector en Córdoba y las pequeñas y medianas empresas criticaron la fuerte suba de impuestos que se proyecta para 2015.
La reacción de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y Apyme se sumó al rechazo político que ya efectuaron los principales partidos de oposición, y es un duro desafío para la gestión de José Manuel de la Sota.
Las declaraciones se produjeron el día en el que el economista Orlando Ferreres brindó el respetado informe de su consultora, que reveló en octubre el décimo mes de caída en el año en la producción fabril. La fuerte baja llegó a 6,4%, con lo que acumula una retracción de 4,1% en 2014.
La Unión Industrial Argentina, a su vez, difundió el informe sectorial que mostró una caída en la producción fabril en septiembre de 2,7% en comparación con igual mes de 2013, y un acumulado de 3% en el año.
La declaración de los industriales cordobeses sostiene que la presión impositiva ha llegado ❝a niveles desmedidos”, lo que ❝agudiza la pérdida de competitividad del sector manufacturero en tiempos donde la actividad económica e industrial acumulan varios meses de caídas consecutivas❞.
❝Como representantes del sector industrial de la provincia de Córdoba seguimos bregando por la alícuota cero en Ingresos Brutos para la actividad industrial o, en su defecto, la elevación de los mínimos no imponibles a valores equivalentes a los que tienen provincias similares a la nuestra❞, señaló.
El sábado último, en la cena de fin de año, la titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC), Isabel Liliana Martínez, advirtió: ❝Los gobiernos municipal, provincial y federal, que nada tiene de federal, nos maltratan con la burocracia, con regulaciones de todo tipo, nos asfixian con los impuestos, que no vuelven en infraestructura❞.
Finalmente, Gabriel Tobal, desde la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYME), pidió al Gobierno provincial ❝dar marcha atrás en el aumento a la tasa vial por ser irracional e inconstitucional. La desinversión en materia de energía eléctrica y la súper rentabilidad de la empresa privada de agua están en cuestión❞, agregó en referencia a los incrementos en los servicios solicitados por EPEC (28,9% en promedio) y por Aguas Cordobesas.