Por Claudio Fantini. Quizá nunca se sepa con exactitud la magnitud de los daños causados por el...
Mientras se debate en el Congreso cómo deberían actualizarse las jubilaciones y pensiones, el...
Por Juan Turello. El duro ajuste de Javier Milei incluye a muy pocos ganadores, aunque en las...
El Grupo Autocity concretó en los últimos meses dos hechos que ratifican su liderazgo en la...
Domingo Cavallo está en Córdoba, donde dice que "estudia" y se reúne con amigos, a muchos de los...
En los últimos días Google ha utilizado sus famosos Doodles, con una serie de juegos vinculados a...
Durante un acto realizado en la sede de la Fundación OSDE, en la ciudad de Córdoba, realizamos la...
El domingo pasado, desde la cuenta @Pontifex_es, se publicó el primer tuit del papa Francisco,...
El duro ataque del empresario Jorge Petrone, dueño de Gama (una de las mayores desarrollistas de...
Suscribite al canal de Los Turello.
Por Ramón Frediani (Economista). Las consecuencias económicas de los proyectos de reforma a la Justicia no pueden ser más negativas. Para las iniciativas debiera emplearse la definición «abolición de la independencia del Poder Judicial«, más que el demagógico…
… nombre de “democratización de la Justicia”, que les impuso la presidenta Cristina Kirchrner.
En el terreno económico, los proyectos generarán mayor inseguridad jurídica a los patrimonios privados, mayor politización partidaria de la Justicia y parcialidad de los jueces en las sentencias y los procedimientos , además de mayor indefensión de las libertades individuales.
Las consecuencias más previsibles serán:
■ Mayor fuga de capitales hacia el exterior.
■ Menos inversiones en la actividad privada.
■ Huida de ahorros hacia el dólar «blue», con la consiguiente suba de su precio en el mercado marginal.
■ Aumento del riesgo país, por la caída del precio de los bonos públicos dada la mayor inseguridad jurídica que preanuncian los proyectos.
■ Aceleración del retiro de los plazos fijos en dólares del sistema bancario, dado que se limita a sus titulares la posibilidad de realizar amparos ante eventuales futuros escenarios de confiscación de esos depósitos o ante su transformación compulsiva a pesos al tipo de cambio oficial, como ya ocurrió en el pasado (Plan Bonex).
■ Mayor demora en los juicios iniciados por medio millón de jubilados a la ANSES, quienes reclaman la actualización de sus haberes o su recálculo, por haber sido mal liquidados. Esto porque se crearía una instancia judicial adicional (Cámara de Casación) a las ya existentes y se restringiría a esas personas el uso de amparos para proteger sus patrimonios individuales.