El gas será más caro para familias y empresas, más allá del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso retrotraer los precios de las unidades residenciales al 31 de marzo último. La resolución no incluyó a la industria y el comercio. El consumo familiar fue más alto entre abril y agosto debido a uno de los inviernos más crudo de los últimos 60 años. El mayor consumo implica pagar un gas más caro.

Repasemos los detalles de este tema y la opinión del camarista federal Luis Roberto Rueda en el programa Los Turello.

Entrevista de Juan Turello al juez Luis Rueda en Los Turello.

Hogares

Los consumos residenciales entre abril y agosto últimos serán refacturados ahora al valor existente al 31 de marzo. Se podrán pagar en cuatro cuotas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si un hogar consumió más que en igual bimestre del año anterior, tendrá una “penalidad”, según una resolución que está vigente desde la gestión de Cristina Kirchner y el ministro De Vido. Desde mayo/15, rige la Resolución 3351 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que dispuso tres precios para los usuarios residenciales.

• Precio A: se aplica si el usuario ahorraba más del 20% respecto del mismo bimestre del año anterior.
• Precio B: si el ahorro en el consumo era de entre 5 y 20% con respecto a igual bimestre del año anterior.
• Precio P (o tarifa plena): cuando el ahorro era menor al 5% o se consumió más.

En 2015, los usuarios cordobeses pagaron –en líneas generales- los precios A y B, porque el consumo fue menor debido a un otoño cálido y a un invierno con pocas jornadas de frío extremo. Ahora, en cambio, los consumos altos comenzaron en abril por los primeros fríos y se intensificaron en el período mayo-julio por las bajas temperaturas, que -en promedio- registraron el peor invierno de las últimas décadas.

Esto implica que las boletas pueden sufrir aumentos que van desde el 200% hasta el 670% en las de mayor consumo. Esto debido a que el hogar no sólo cambia de categoría por una mayor demanda de gas natural, sino también porque esa nueva categoría es más cara que la anterior. Un ejemplo similar es lo que sucede con el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. Mientras más alto el monto sujeto al impuesto, más alta la alícuota.

Pequeñas y medianas empresas

El fallo de la Corte Suprema de Justicia no alcanzó a las PYME industriales y comerciales, que, sin embargo, estarán alcanzadas por el tope del 500% por ciento respecto a la factura de igual bimestre de 2015. Lo que abonaron en ese momento debe multiplicarse por cuatro, más los impuestos y otras cargas.

El camarista federal Luis Roberto Rueda, que integró el tribunal que aceptó el amparo de los consumidores en Córdoba, respondió a los interrogantes que plantea en fallo de la Corte en el programa Los Turello. 

-Dr. Rueda, ¿qué deberían hacer las PYME industriales y comerciales para beneficiarse del fallo favorable a los consumidores?
–“Tendrían que iniciar un proceso distinto, porque no se trata del transporte o distribución, sino que ya tienen una cuestión que está vinculada al precio en lo que se llama el gas en boca de pozo. Cuando lo presenten, veremos cómo lo consideramos».

-¿El fallo de la Corte significa que la Justicia se involucra en el precio?
-“En el voto de (Juan Carlos) Maqueda (miembro de la Corte), se fija claramente que el Poder Ejecutivo tiene facultad y potestad para fijar las tarifas; el Poder Legislativo, para el marco regulatorio general y el Poder Judicial para ejercer un control cuando estos pasos han sido vulnerados o no cuidados, como es el caso de la ausencia de la audiencia pública. El Poder Judicial no fija tarifas, no hacemos planillas Excel, no manejamos números. Por caso, la Cámara (Federal) de Córdoba dijo que debía refacturarse al 31 de marzo, pero no dimos números».

-¿Se está judicializando la política? ¿Los jueces están ejerciendo poder de algún modo en la Argentina?
-“Algunos jueces en el país pareciera que están haciendo alguna campaña personal. No es el caso de la Corte. El fallo es pulcro, sobrio, es correcto. Tan es así que el Gobierno dijo que no hay que interpretarlo, sino acatarlo”.

Por otra parte, tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), como otras entidades han anticipado que recurrirán a la Justicia para obtener un beneficio similar al de los usuarios residenciales para las PYME.

En Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba, que preside Marcelo Stehli, anticipó que acompañarán a CAME en sus acciones. Sobre el fallo, la entidad señaló: “No se discute la necesidad de actualización de las tarifas, pero sí consideramos que –en medio de una coyuntura económica recesiva, con una retracción en las ventas que ya acumula siete meses consecutivos- los aumentos anunciados y replanteados significan golpes difíciles de absorber por las economías de las PYME”.

Redacción Turello.com.ar

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