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Por Juan Turello. El presidente Alberto Fernández extendió -otra vez- la cuarentena para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde se concentra gran parte de la actividad económica, señala mi nota en La Voz. Desde el 20 de marzo, el aislamiento se prolonga por más de cuatro meses. Las restricciones no impidieron que la Argentina –con la cuarentena más prolongada del mundo- sea, a la vez, el sexto en número de casos y el octavo en muertes. La deuda y las 60 medidas.
El titular de Economía, Martín Guzmán, pretendía prorrogar hasta el 28 de agosto las interminables negociaciones por la deuda, pero el presidente lo detuvo y, ahora, el plazo final sería el de martes 4 de agosto. Argentina está -otra vez- al borde de juicios por el default de la deuda.
También aquí hay un fracaso para cerrar un tema que fue presentado el 22 de abril ante la Bolsa de Nueva York, con un plazo inicial del 8 de mayo, bajo la agresiva propuesta “tómalo o déjalo”.
Sin el arreglo de los defaults parciales, el primero fue el 22 de mayo con los bonos globales, es imposible predecir cuál será el nivel de actividad, qué sucederá con las cuentas fiscales, cuál será el valor del dólar y qué acontecerá con las obligaciones de empresas y del sector público -Córdoba, por caso-, que también esperan renegociar sus deudas.
Ecolatina, que meses atrás dirigía Marco Lavagna, hoy titular del Indec, anticipa que sin la solución de la deuda y de la pandemia, cualquier medida carece de solidez y de confianza.
Sin crédito, la Argentina no podrá salir del enorme pozo en que está sumergida la economía. La actividad mejoró en junio respecto de mayo, pero aún sigue estando por debajo de la registrada en marzo.
La caída no tiene precedente: sería de entre 12-13% en el año, la mayor de la historia. La de 2001 fue de 10,9%, recordó Orlando Ferreres ante casi 300 hombres de negocios en la reunión de Fundación Mediterránea. El impacto se siente con fuerza en la construcción, en el comercio y en la industria.
“No está claro aún a qué velocidad entrará la economía a 2021. El consenso es que no será a una velocidad alta, pero tampoco puede descartarse una salida más sólida”, señaló Ferreres en su informe.
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Estimaciones privadas calculan que el retroceso impacta en unos tres millones de trabajadores informales y cuentapropistas ligados por lo general a la construcción, la hotelería, la gastronomía, los servicios del entretenimiento (incluidos los deportes) y las tareas domésticas.
Para los trabajadores que lograron mantener sus posiciones mediante el teletrabajo, la ley sancionada por el Congreso echa por tierra la posibilidad de prolongar esa modalidad en la pospandemia. El empleo quedará entonces sujeto a la viabilidad de la empresa, además de los desafíos que plantean la automatización y la robotización de los procesos productivos.
Los legisladores -encerrados en viejos esquemas y compromisos político-sindicales- actuaron como si desconocieran por completo los desafíos que enfrenta hoy el trabajo en el mundo.
Las medidas deberían empezar por decisiones clave: solucionar la deuda y reducir el gasto público, que ya no puede ser pagado por familias, empresas ni trabajadores.
La agencia de noticias Bloomberg detalló las más de 10 empresas multinacionales que abandonaron el país. Un Gobierno contestatario de las políticas promercado y sindicatos inflexibles aparecieron al tope de las causas de las salidas.
Un informe del IARAF apunta que en 2012 había 42 trabajadores públicos cada 100 asalariados privados; en la actualidad hay 55. ¡Un incremento de 31%! La reforma que alienta el presidente implica la creación de centenares de cargos en la Justicia, con un costo de miles de millones de pesos.
No hay impuestos ni recursos privados que permitan sostener semejante aparato estatal.
La urgencia es atender la caída de la economía, el aumento de la desocupación y una pobreza intolerable, que afectaría a uno de cada dos argentinos a fin de año, advirtió Ferreres.
Las 60 medidas que promete Alberto Fernández deberían empezar por temas clave: la solución de la deuda externa y la reducción del gasto público, cuyo costo ya no pueden sostener las familias las empresas ni sus trabajadores.