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Hoy será un día clave para la solución de la protesta de gendarmes y prefectos, que cumplirá una semana. El inédito reclamo se inició luego que casi el 40% del personal de Gendarmería Nacional cobrara sus haberes de septiembre con menores montos a los de agosto. Otro tanto ocurrió con miembros de la Prefectura.
En principio, el Gobierno nacional dio marcha atrás con el recorte, pero el reclamo se transformó en el pedido de salario neto de 7.000 pesos y mejores condiciones laborales. El secretario de Seguridad, Sergio Berni (un «todo terreno» del kirchnerismo), firmó en la madrugada del jueves la aceptación del petitorio y les aseguró a los uniformados que hoy les daría una respuesta.
Mientras tanto, la ministra Nilda Garré echó a una decena de miembros de las cúpulas de ambas fuerzas y a través del periodista Horacio Verbistky reflejó una supuesta «industria del juicio» montada por los uniformados que demandaban por la incorrecta liquidación de sus sueldos. Según la publicación de Página 12, existía una complicidad de auditores y autoridades de Gendarmería y Prefectura, además de estudios jurídicos y jueces, por la cual el 79% de unos 30.000 gendarmes y el 60% de unos 16.500 prefectos cobraba mejoras a través de amparos judiciales. La totalidad de ambas cúpulas también estaba amparada por esos recursos.
El Gobierno ya pasó a disponibilidad a ocho gendarmes, reveló al titular de Gendarmería con asiento en Jesús María y se apresta aplicar sanciones a los prefectos que agredieron a sus superiores.
Los analistas señalan que el principal problema será resolver la cadena de mandos en una institución vertical, luego del enfrentamiento que lleva ya casi una semana. En lo económico, el desafío es el impacto fiscal de incorporar adicionales «no remunerativos» al salario de las fuerzas de seguridad.