Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Por Juan Turello. Los funcionarios de Cristina Kirchner pretenden quitarle dramatismo a lo que sería una mala señal. Aquí se llamará ❝default técnico❞ o ❝default administrado❞, pero para el mundo será una pésima señal de un país con mala reputación, señala mi nota dominical en La Voz del Interior.
Cristina Kirchner tiene hasta el próximo miércoles (30 de Julio) para modificar una decisión que ya parece asumida por el Gobierno. Ese día expira el plazo para que se cursen las transferencias de los fondos que debería acreditarse hacia el fin de la semana en las cuentas de quienes aceptaron reestructurar los bonos de la deuda en 2005 y 2010.
Si esta semana no se concreta el pago, el país estará técnicamente en default, ya que el prospecto entregado a los bonistas especificaba que esa situación se produciría si, bajo cualquier circunstancia, la Argentina no aseguraba que los fondos llegaran a quienes aceptaron el canje, recordó Daniel Marx, histórico renegociador de la deuda argentina.
La Presidenta pidió buscarle un nuevo nombre, ya que el Gobierno giró el dinero, pero está inmovilizado por el juez Thomas Griesa hasta que se ofrezca una solución a los fondos buitres que ganaron un juicio por 1.330 millones de dólares.
2% caería la economía este año, según Ramiro Sosa Navarro -Director del IIE de la Bolsa de Comercio de Córdoba-. Un default dificultaría el crédito, las inversiones y las importaciones.
El no pago se llamará aquí con distintos adjetivos –“default administrado”, “default técnico”, etcétera-, pero para el mundo es default a secas. Y será un pésimo dato para un país reputado como “defaulteador serial”. Ese mal título complicará el acceso al crédito de organismos internacionales, a las inversiones anunciadas por el Club de París, a la financiación de importaciones y profundizará la caída en la economía.
Cristina Kirchner y Kicillof esperan amortiguar los efectos negativos en los cinco meses que restan hasta 2015, cuando, se especula, pagarían el fallo de Griesa. La estrategia apunta a evitar la aplicación de la cláusula Rufo, que, según el Gobierno, podría disparar hasta el 31 de diciembre próximo demandas por unos 150 mil millones de dólares de los bonistas y causas judiciales en contra de los funcionarios.
Mientras tanto, la preocupación de las familias está centrada en la inflación y la pérdida de empleo. Es cierto: hay vida después del día 30, pero también otros grandes problemas que esperan respuesta.■