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Jaime Díaz Gavier, titular del Juzgado Federal Oral N° 1 de Córdoba, afirmó que “hay presiones verdaderamente escandalosas sobre jueces y fiscales” por parte del actual Gobierno, como sucedió en las anteriores gestiones; aludió a las complicidades en las violaciones a los derechos humanos y a su experiencia al frente de la megacausa La Perla.
Díaz Gavier, de una tradicional familia judicial (su padre fue miembro de la Corte Suprema de Justicia y su abuelo titular del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba), habló sobre estos temas en el programa de Los Turello. A continuación, una síntesis de sus definiciones más importantes.
-¿Hay presiones sobre los jueces en el gobierno de Macri?
-Díaz Gavier (DG): «Me parece que hay presiones verdaderamente escandalosas sobre jueces y fiscales por el contenido de sus sentencias. Lo que no se puede hacer es cuestionar a un juez o a un fiscal por el sentido jurídico que le ha dado a un fallo. El presidente Macri dijo los otros días que «los jueces que no estén funcionando de acuerdo a los principios que el Gobierno está tratando de establecer, serán removidos y serán reemplazados. Hay jueces laborales que han sido denunciados por el Gobierno ante el Consejo (de la Magistratura) porque han dictado un fallo que no le gusta. Pasó en gobiernos anteriores, pero está pasando gravemente en el actual gobierno. El embate está tratando de preparar un campo para en un futuro, más o menos próximo, establecer medidas impopulares, entonces quieren asegurarse que los jueces no se atrevan a resolver en un sentido contrario”.
¿Por qué no se investiga en Córdoba a Odebrecht?
-DG: «Habrá que ver si es competencia provincial o federal, según el poder estatal que esté comprometido. Creo que sería de competencia federal por la participación de funcionarios nacionales. El Fuero Anticorrupción (de Córdoba) ha tenido un resultado muy pobre; hay algo que no está funcionando bien allí ciertamente. Sí, podría actuar un funcionario judicial de oficio».
–¿Debe juzgarse la complicidad de sectores de la Justicia y empresarios con la dictadura militar?
-DG: «El 25 de julio se inicia un juicio a magistrados y funcionarios judiciales que están acusados de haber encubierto o haber tenido cierta complicidad con estos actos terribles. […] No hubiera sido posible un terrorismo de Estado sin la complicidad de sectores de la Justicia, de la jerarquía de la Iglesia Católica y de otros actores sociales».
Megacausa La Perla: «Fue (en lo personal) una experiencia muy intensa, muy fuerte. Hemos vividos testimonios desgarrantes de personas que habían sufrido una crueldad inenarrable».
¿Los jefes guerrilleros deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad?
-DG: «Los delitos cometidos por sectores civiles armados, llamados subversivos, no les cabe la figura de terrorismo de Estado, según dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Son delitos comunes, y por lo tanto han prescripto. Se dice que no fueron condenados […] una enorme mayoría que había sido detenida, incluso antes de 1976, esas personas fueron ajusticiadas por las fuerzas represivas, sin juicio. Se los “juzgó” y se les aplicó “condenas”. Hay una cierta hipocresía en este tema. Fueron “juzgados” por tribunales constituidos en el marco del terrorismo de Estado».
-¿Puede un fiscal, por caso Senestrari, pedir la caída de Macri y visitar a Milagro Sala en la cárcel?
-DG:«La militancia del fiscal Senestrari está permitida en la medida que Justicia Legítima es una organización interna de la Justicia, como hay otras corrientes, que incluyen a otros jueces y fiscales. Creo que hay razones de prudencia, que un magistrado debiera observar. Los jueces y fiscales debemos mantener la mayor prudencia en este sentido, aunque tenemos derecho a alguna opinión política, pero no debemos tener actividad partidaria, que está expresamente prohibida».