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Por Juan Turello. El dólar es el nervio más sensible de la economía para los argentinos. Acostumbrados a la alta inflación y a las crisis recurrentes, han diagnosticado que cualquier movimiento o medida es un mal presagio, tengan o no la capacidad de comprar dólares, señala mi nota en La Voz. El supercepo tiene una explicación contundente, semioculta en el confuso lenguaje de los funcionarios: las reservas líquidas del Banco Central son escasas, apenas algo más de 3.000 millones de dólares, según cálculos generosos. ¿Qué puede pasar?
Las opciones eran el megacepo; una devaluación, que impactará en los precios y profundizará los alarmantes indicadores de pobreza y de desempleo; o endeudarse en dólares, una alternativa prohibida en el discurso oficial y, en la práctica, en los mercados externos.
El gobierno de Alberto Fernández, que apenas dos semanas atrás había logrado una exitosa renegociación de la deuda externa, profundizó ahora la desconfianza sobre si la economía se recuperará en los próximos meses.
Antes del supercepo, el 56% consideraba que la situación económica se agravaría en el mediano plazo, según Management & Fit. El 63% opinaba que el panorama es peor que un año atrás.
La decisión de mayor impacto está referida a las empresas que deben pagar deudas en dólares desde el 15 de octubre hasta el 31 de marzo de 2021. Hasta fin de año, las obligaciones suman 3.300 millones de dólares y afectan a una veintena de compañías.
Si la empresa que emitió deuda en dólares no logra refinanciar el 60% a dos años, corre riesgo de un default privado, provocado por una voluntad ajena a la compañía. No sólo las más pequeñas están amenazadas; YPF -la número uno del país- también puede sufrir el mismo ahogo. Argentina es un manual inédito en errores de política económica.
¿Qué empresa invertirá en la Argentina si no puede fijar el precio de sus productos; la remisión de ganancias es una incertidumbre y, si contrae deuda para capital de trabajo, no tiene certezas de que podrá pagarla aun cuando tenga los fondos necesarios?
El daño al aparato productivo es enorme, en momentos en que cierta recuperación era visible con respecto a los primeros meses de la cuarentena.
Los productos locales incluyen 85% de componentes importados.
“Parar la importación (a través de distintas trabas) es básicamente parar la economía, y hacer más precarias las condiciones de empleo y de pobreza que ya tenemos en el país”, advierte Marcelo Olmedo, al frente de la cámara de los exportadores cordobeses (CaCEC).
Las compañías tendrán más problemas para importar, para prefinanciar exportaciones y para tomar deuda en dólares, además de las que ya anticiparon que cerrarán sus puertas, con fuerte impacto en el empleo.
La caída del consumo no bajará los precios en un país acostumbrado a convivir con ‘estanflación’ (estancamiento más inflación). La suba rondará el 3% mensual en el último cuatrimestre del año, anticipan las consultoras.
Los analistas creen que el supercepo también se trasladará a los precios. Ya hay productos que no se reponen, desde determinados automóviles hasta macetas de plástico.
Para 2021, el Gobierno proyecta una inflación de 29% , con un déficit fiscal primario de 4,5% del producto interno bruto (PIB). El 60% -un billón de pesos aproximadamente- se financiará con emisión, admitió el ministro Martín Guzmán, cuyo rechazo al megacepo fue derrotado en Olivos.
Esa liberación de pesos equivale al 40% de la base monetaria, lo que supone una inflación implícita de igual porcentaje, 30% más de lo que prevé el ya increíble Presupuesto 2021.
Desconfianza de los ahorristas; expectativas de devaluación (de allí una brecha cambiaria con el dólar oficial de 70% ); incertidumbre en las empresas; un poder político bicéfalo; un aislamiento social insostenible y una pandemia incontrolable.
Alberto Fernández está obligado a asumir el Gobierno y dar mejores respuestas, que eviten un derrotero indeseado por la mayoría.