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Con una inflación interanual de 41% y de casi 30% en sólo nueve meses de 2014, es muy difícil para gobiernos y empresas rechazar el reclamo de un bono de fin de año o plus salarial. Salvo, por supuesto, en el caso de compañías que están luchando por mantener las persianas abiertas.
En cambio, la posibilidad de reabrir paritarias aparece descartada por su impacto sobre otros ítems salariales y en los haberes de los jubilados.
El gobierno de San Luis hizo punta al anunciar que el 10 de diciembre próximo pagará un bono de fin de año de 2.000 pesos. Y afirmó que aguinaldo y sueldos se cancelarán antes que concluya 2014. Con más problemas en sus finanzas, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, prometió entre 300 y 400 pesos, aunque advirtió que deberá “rascar la olla”.
José Manuel de la Sota anunció que “analizará” el pedido gremial, lo que en buen romance significa que algo dará (más aún tras su virtual lanzamiento a la carrera presidencial el último viernes en el complejo ferial). El plus podría ser de entre 1.500 y 1.700 pesos. En años anteriores, también incluyó a los jubilados provinciales, aunque en un monto menor al de los activos.
Hasta ahora la mayor negativa proviene del Gobierno nacional. Incluso, el secretario de Comercio, Augusto Costa, dijo que no corresponde porque “no hubo caída del salario real”. “La administración de Cristina Kirchner prefiere demorar la respuesta para evitar luego otros reclamos; es una buena estrategia, si no, van pedir luego la reapertura de paritarias”, confesó un ex funcionario nacional con gimnasia en atender reclamos gremiales.
En el ámbito privado como en el oficial coinciden: no habrá reapertura de paritarias por su impacto en otros ítems de los convenios colectivos y en las jubilaciones.
La negativa de gobiernos y empresas a la reapertura de paritarias está vinculada a su impacto en otros ítems de los salarios formales, además de afectar el reajuste de las jubilaciones nacionales que debe pagarse en marzo de 2015.
En el sector privado hay dos realidades. Los sectores cuya actividad logra mantenerse a flote, estarían dispuestos a compensar el desfase de la inflación con la suba promedio del 32% otorgada en los sueldos, como lo reconoció el dirigente industrial José Ignacio de Mendiguren.
Hugo Moyano pretende que sea para todos. Pero la realidad impone que hay empresas que están al borde de la quiebra o del cierre, por lo que aquí la demanda de los trabajadores es que sigan con las puertas abiertas.