Por Jorge Gentile (Profesor emérito de la UNC y catedrático de la UCC, ex diputado nacional). Últimamente, los conflictos políticos se dirimen en la Justicia. El gobernador José Manuel de la Sota ha demandado a la Nación por la deuda previsional (en la foto, durante la presentación el 10/09).

Además, con la aprobación de la Legislatura, ha denunciado el Acuerdo firmado el 2 de septiembre de 1992 entre el Gobierno nacional y las provincias, por el cual éstas cedían el 15% de la coparticipación federal a la administración central, y se lo ha notificado a todos los signatarios de ese acuerdo.

Como la Nación hizo caso omiso de ese acto jurídico y no giró el referido porcentaje de la coparticipación a Córdoba, se espera que la Provincia interponga ahora la acción judicial correspondiente.

Pero el gobierno de Cristina Kirchner se adelantó y ha incoado el 27 de noviembre último una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se declare inconstitucional la ley provincial que hace más de tres meses estableció una tasa que grava los combustibles, con destino a la red vial.

Lo ideal es que lo político se resuelva en los órganos políticos y se discuta en las instancias legislativas, pero como el diálogo y el debate han sido sustituidos por la confrontación, las instancias judiciales se tornan imprescindibles.

Qué podemos concluir de todo esto:

1. Córdoba espera que la Corte Suprema obligue a la Nación a abonarle lo convenido con destino a la Caja de Jubilaciones, en el juicio en que ese tribunal llamó a una audiencia de conciliación y los representantes de la Nación se negaron a acordar.

2. Que la Corte Suprema desestime la acción por la inconstitucionalidad de la ley provincial que crea la tasa a los combustibles, más allá de que sea inequitativa ya que grava por igual a los que cargan combustibles en vehículos caros o baratos. Sucede que la Nación omitió recurrir ante la Comisión Federal de Impuestos –como lo indica la Ley de Coparticipación Federal-, y al no invocar perjuicio alguno que justifique esa demanda.

3. Como lo han hecho ya otras provincias, Córdoba tendrá que demandar al Gobierno federal para que se le liquide el 15 % de la coparticipación federal, desde que denunció el Acuerdo.

Redacción Turello.com.ar

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