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Por Juan Turello. Los dirigentes políticos creen que cuando se cae un palco en la campaña es un mal presagio. Los gremialistas que convocaron a la jornada de protesta, el miércoles último, deben haber pensado en ese augurio cuando se desmoronó parte de la estructura montada frente al Teatro del Libertador, señala mi nota en La Voz del Interior.
Salvo el gremio de los municipales de Córdoba, que volvió a negociar ayer el último tramo del aumento paritario, el resto de los sindicatos entrevé que los reclamos centrales no tendrán respuesta positiva. El Gobierno provincial no aceptará reabrir la paritaria ni tampoco derogar la Ley 10.333, que recortó los haberes de casi 100 mil jubilados.
“No podemos abrir la paritaria, porque sería comenzar la discusión de 2017 con un nuevo piso, que después no vamos a poder pagar”, se sinceró una fuente del equipo de Juan Schiaretti.
Volver atrás con la Ley 10.333 supondría agregar un parche al convenio que se firmó con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que demandó duras discusiones sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones. La Provincia no aceptó modificar la fórmula del cálculo de las pensiones, por lo que este año auxiliará con los recursos que aportan los cordobeses unos 150 millones para sostener el actual régimen.
La discusión por venir es de cuánto será el bono que se pagará a los estatales, una alternativa de la que no quieren hablar la UEPC ni el SEP. El dirigente Oscar Ruibal recordó que San Juan anunció un complemento de 4.500 pesos y La Pampa, de 8.500. Para el sindicalista docentes los aumentos salariales fueron similares a los de Córdoba.
“No podemos abrir la paritaria, porque sería comenzar la discusión de 2017 con un nuevo piso, que después no vamos a poder pagar”, se sinceró una fuente del equipo de Juan Schiaretti.
Las empresas ya comenzaron a delinear sus presupuestos para 2017. El cálculo de inflación ronda entre el 25 y 28%, con un incremento en los sueldos que estaría cerca de esta última cifra. Supondría una recuperación del salario real si los precios no superan el piso.
Federico Sturzenegger, titular del Banco Central, ya envió varias señales de que la inflación para el año próximo estará en torno de 17%, como prevé el Presupuesto 2017. Por tratarse de un año electoral, los analistas creen que esa meta no se alcanzará, ya que el Gobierno usará la billetera en planes sociales y obras públicas, lo que incrementará el déficit y los pesos en circulación.
Para este mes, la suba de precios rondaría el 2,3%, anticipan las consultoras. Los alimentos siguen con alzas en torno del 1,5%, lo que agrava la situación de los más carenciados. Ayer, el INDEC difundió que la canasta de supervivencia (indigencia) subió 2,2% en septiembre y 6% en el último trimestre.
El traslado a precios de la devaluación en torno del 50% obligó al Gobierno a mantener las políticas asistenciales. Al mismo tiempo, no pudo reducir el impacto de los subsidios por los servicios en gas y electricidad, como proyectaba el primer Excel del Ministerio de Energía. Un invierno crudo y el salto en las escalas del consumo destrozaron los cálculos de los asesores de Juan José Aranguren.
“Los argentinos trabajan 11 meses, cobran 13 y, encima, es una incógnita la elección legislativa de 2017, con lo cual muchos proyectos pueden cambiar”, fue el duro comentario que recibió un consultor local por parte de un inversor extranjero. Es difícil que los industriales entierren “más fierros” hasta conocer cómo quedará el Congreso y el poder de Macri.
Los problemas con los salarios, que mueven dos tercios del mercado interno, la inflación, el déficit y las inversiones siguen siendo un complejo dominó para las decisiones que deberían alentar la recuperación. La incertidumbre sigue mandando.