Por Juan Turello. Mientras Alberto Fernández no se cansaba de pregonar la “recuperación económica” de los últimos meses, una medida oficial sumergió a los argentinos en la certeza de que el Banco Central carece de dólares necesarios para financiar vacaciones en el exterior, señala mi nota en La Voz. Hasta septiembre y aun con restricciones, el balance turístico arrojaba una pérdida de 1.500 millones de dólares. Las promociones del black friday y la llegada del verano auguraban una sangría mayor en las ya escasas reservas líquidas del ente monetario. Repasemos.

Algunos economistas afirman que el saldo en el Banco Central es negativo;  es decir, que estaría acudiendo a los dólares depositados en las cuentas bancarias y que forman parte del encaje obligatorio.

La restricción a financiar paquetes turísticos revela cuestiones más graves que la falta de dólares.

El Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, carecen del suficiente consenso político para presentar un plan que refinancie la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y permita afrontar vencimientos con otros acreedores por 6.200 millones de dólares en 2022.

 

Dólares y medias verdades

 

A través de voceros o de medias palabras, el Gobierno ya admitió que el FMI no aceptará llevar de 10 a 20 años el plazo de pago de las obligaciones, ni que tampoco eliminará la sobretasa por haberse endeudado por encima de las posibilidades de crédito.

Las empresas eléctricas y de gas natural ya están clasificando a sus clientes por el nivel de consumo, lo que anticipa una segmentación de tarifas por la demanda de cada hogar.

Una tarifa plana se convierte en un subsidio “pro-ricos”: los que más consumen pagan el mismo valor por unidad que los hogares con demandas mínimas.

No es la única distorsión en los subsidios de la gestión de Alberto Fernández, quien había prometido -en campaña- un gobierno federal.

No obstante, la administración nacional beneficia con millonarios subsidios el consumo de electricidad, de gas natural, de agua potable y de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Se lo recordó el gobernador Juan Schiaretti en la noche de las elecciones: el interior paga más caro los servicios que los habitantes del Amba.

Las retenciones conforman una millonaria exacción a los distritos productivos, que -de paso- votaron en contra del Frente de Todos.

Dos componentes de la dieta básica de los argentinos están bajo la lupa. La carne, con una suba del 25% en los mostradores, y el trigo, con una fuerte alza en los mercados internacionales, podrían sufrir nuevas regulaciones (¿un “dólar carne”; más retenciones?).

 

¿Vamos bien?

 

La actividad recuperó 1,2% en septiembre en relación con el mes precedente para completar un trimestre de igual comportamiento, según datos oficiales. 

Las comparaciones con similares períodos de 2020 y 2019 no son adecuadas, ya que el año pasado rigió la cuarentena, con una mínima actividad, y en 2019, tras las primarias del 12 de septiembre, la economía se desplomó por la fuerte derrota del gobierno de Mauricio Macri.

 

Los mercados desconfían 

 

El riesgo país en los 1.800 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos de Estados Unidos y la caída de las acciones argentinas en Nueva York revelan que en el exterior desconfían en que el Gobierno logrará un acuerdo con el FMI, que suponga bajar el gasto público y la presión sobre el sector privado.

El anuncio de Guzmán de que habrá mayores cargas impositivas sobre los sectores más acomodados de la sociedad revela que la voracidad no se detendrá en la tasa a los envases, que es, en definitiva, un “impuesto en cascada” para los alimentos.

Alberto Fernández está administrando a cuentagotas la receta amarga que implica el acuerdo con el FMI y la de poner las cuentas públicas en orden.

La actual administración disparó el déficit para intentar emparejar el resultado de las urnas.

Se necesita un plan creíble tanto o más que los dólares que faltan en las reservas. Si el discurso del Presidente no es sincero, será difícil que la sociedad lo acompañe.

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