Por Juan Turello. ¿Cómo reaccionaron los sectores políticos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asegurará al Gobierno nacional un auxilio de 50 mil millones de dólares para los próximos tres años?
Divididos, señala mi nota en La Voz.
La grieta que trazó el tarifazo quedó expuesta otra vez. Los sectores y economistas afines a las políticas de Mauricio Macri aplaudieron el acuerdo; el peronismo y las organizaciones sociales, lo criticaron. La sociedad desconfía del FMI. ¿Cuáles son los desafíos del acuerdo?
La demonización realizada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández sobre el FMI todavía tiene sus efectos sobre los argentinos, que -en su gran mayoría- desconoce que el anterior gobierno prefirió pagar tasas del 14% a Hugo Chávez antes de aceptar un préstamo del Fondo, a un tercio de ese interés.
Lo que molestaba antes –y molesta en el presente- son las políticas que dicta el organismo para lograr equilibrio fiscal para cancelar la deuda contraída por la Argentina bajo distintas administraciones.
Ahora, como en el pasado, fue el Gobierno el que tomó la decisión de buscar la ayuda del FMI, en momentos que el mundo resolvió no prestarle a la Argentina y retirar sus inversiones financieras ante la desconfianza sobre la política económica.
Provincias sufrirán los menores gastos del Estado nacional. El consenso Macri-gobernadores será clave. El mensaje a la sociedad debe ser claro.
Macri no podrá llevar a la práctica una fenomenal reducción del déficit fiscal sin el consenso de la oposición.
Tampoco lo podrá hacer si la sociedad no tiene conciencia sobre cuál es el sacrificio que deberá hacer para corregir un rojo en las cuentas públicas, porque ese fue el comportamiento del Estado en los últimos 60 años.
José Simonella, titular del CPCE de Córdoba, suele decir que no existe acuerdo en la sociedad sobre cuál es el tamaño del Estado que los argentinos están dispuestos a sostener con sus impuestos (o con inflación, si el déficit no se corrige).
Nicolás Dujovne habla esperanzado. Luego de tres meses críticos, la Argentina volverá a crecer, con más fuerza hacia fin de año, augura.
El consenso debe atravesar el tamiz de los gobernadores, en cuyos territorios se sentirá con más fuerza el ajuste de personal y de funciones del Estado nacional.
La quita de subsidios económicos continuará. Por ende, la luz y el gas seguirán aumentando. La obra pública que no tenga financiamiento del Banco Mundial, del BID y del Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF) deberá ser asumida por provincias o municipios, salvo que los privados estén interesados en concluirla bajo la modalidad de los programas PPP (Participación Público-Privada).
El acuerdo stand by con el FMI exige disminuir las transferencias a las provincias, que crecieron 45% este año en virtud del Compromiso Fiscal de 2017, estima el economista Jorge Ingaramo.
¿El Fondo de Incentivo Docente deberá ser asumido por las provincias, al igual que los programas de educación y salud de la Nación, entre otras funciones que serán traspasadas? Los primeros borradores del Presupuesto 2019 van en esa dirección.
El consumo interno disminuirá en los próximos meses. En mayo, las ventas de los comercios minoristas cayeron 4,8% en Córdoba; en los súper, 6%, estima Benjamín Blanch, titular de la cámara sectorial.
El consenso entre el Gobierno y la oposición es clave para cumplir el acuerdo y evitar una crisis. La sociedad debe ser consciente de lo que le espera. Macri y sus ministros deben hablar claro y evitar los eufemismos o eslóganes optimistas.
De nada sirvieron en los dos últimos años.