Por José Luis Arnoletto. Tradicionalmente, y así lo aprendimos en la Facultad, se dice que el Impuesto a las Ganancias es tributo progresivo, que exime a los bajos ingresos y que grava con alícuotas más altas a las mayores rentas. Esa definición, del espíritu del impuesto, no existe más en la Argentina.

Los trabajadores formales pagan cada vez más Impuesto a las ganancias.

Con una tabla de alícuotas vigente desde la década de 1990, que se debiera haber ajustado por lo menos en un 800% (con sólo comparar la variación del dólar o el índice de precios mayorista, por ejemplo).

Esto, además de la falta de actualización del mínimo no imponible y de las deducciones, que siendo indulgentes son mezquinas, el Impuesto a las Ganancias afecta, entonces, cada vez a más contribuyentes, de menores ingresos en términos reales, pero más castigados por un gravamen que parece ignorar la existencia de la inflación.

En un año previo a las elecciones, los movimientos sindicales de reclamos por estos conceptos, junto a los pedidos  de los distintos profesionales y contribuyentes afectados, pueden verse manipulados por intenciones electoralistas que busquen deslegitimar el justo reclamo por umbrales tributarios desactualizados.

❝En un escenario económico de estancamiento o decididamente recesivo, sería importante que el Gobierno actúe anticíclicamente, reduciendo la presión tributaria a fin de inyectar mayor dinero al consumo❞.

En un Gobierno que definió hace años el consumo como principal motor de la economía, parece ir en sentido contrario gravar cada vez más a un segmento de contribuyentes (trabajadores, profesionales liberales y pequeños comerciantes) que si dispusieran de esos ingresos, los volcarían, sin dudas, casi en su totalidad al consumo.

Es probable que la actual administración esté especulando con obtener un doble efecto positivo (mayor recaudación y menos presión inflacionaria al dejar menos dinero circulante en plaza), asumiendo el efecto negativo de una cada vez más notoria reducción del consumo. Ortodoxia pura para frenar un problema autogenerado.

El sector privado hace varios meses (o años) que comenzó el proceso de hacer más eficiente el uso de sus recursos. Será quizás el momento de que el sector público entienda que eficiencia en el uso de los recursos no necesariamente implica ajuste, o que tal vez que ajuste no sea una palabra políticamente incorrecta.■

José Luis Arnoletto

Contador Público. Coautor de diversos libros y artículos de Contabilidad, Auditoría, Costos y Finanzas. Profesor, consultor y auditor internacional. Ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. Músico, basquetbolista y windsurfer aficionado.