Por Juan Turello. La inflación se desaceleró en julio en relación con los meses anteriores, pero sigue siendo alta. Según el IPC Congreso –que reúne la medición de las consultoras privadas- fue de 2,4% ese mes; 30% en los primeros siete meses del año y 46% en el último año. En Córdoba, fue menor: 1,66% en julio; 25% en siete meses y 41% en la comparación interanual.

Los salarios habrían perdido así 10 puntos en relación con la suba de los precios. Resultado final: aumentó la pobreza, según la medición de la Universidad Católica Argentina (UCA). Mientras, el Gobierno sigue enredado en la resolución política del tarifazo. Veamos.

Hogares de clase media baja son los que más sufren la suba de precios y el tarifazo, dice la UCA.

El gobierno de Mauricio Macri no lo dijo con todas las letras pero aplicó un clásico ajuste: devaluación del peso, suba en las tarifas públicas, liberación de los bienes exportables para reactivar la economía y las ventas al exterior.

El ajuste era inevitable, ya que la situación fiscal era insostenible y la Argentina –medida en términos de dólar- era cara para el mundo… y lo sigue siendo. Hay más turistas argentinos que viajan en temporada baja, que extranjeros que visiten nuestro país.

La sociedad entiende la herencia que dejó el kirchnerismo, pero la paciencia se agota, en especial por el pésimo manejo que hizo el Gobierno del tarifazo.

El Gobierno provocó una tormenta perfecta en el tema del gas natural: subió el valor del combustible en la boca de pozo, el crudo invierno empujó la demanda de familias y empresas y éstas subieron de escala por un aumento del consumo. El valor final de la factura es impagable para los hogares y las PYME, por lo que florecieron los amparos.

Ahora, el Gobierno está enredado en la búsqueda de una solución que no llega, lo cual demorará las inversiones de las empresas gas y electricidad demandantes, porque no saben cuál será el costo de estos insumos básicos.

Macri y sus funcionarios esperan que el blanqueo de capitales les acerque los fondos necesarios para el funcionamiento de un Estado que no pudo reducir sus gastos en subsidios económicos (transporte y energía), al tiempo que cayó la recaudación por la menor actividad.

Un día clave es el 31 de octubre próximo cuando deberán estar depositados los fondos no declarados en el país. Éstos permanecerán inmovilizados en cuentas bancarias por seis meses, salvo que opten por suscribir bonos poco atractivos en sus rendimientos o se transfieran para la compra de inmuebles.

• Lea también: Lo bueno y lo malo del blanqueo.

El Gobierno necesita reaccionar ante una protesta social en aumento y aparecen las peleas internas en el Gobierno por el rumbo económico y qué decidir en cuanto a las tarifas de los servicios públicos.

Juan Turello

Periodista. Escribe en Turello.com.ar y participa en Los Turello (Canal C, Córdoba). Columnista económico en el diario La Voz del Interior y en el programa "Pura Verdad" (Radio Pulxo, 95.1). Realizó coberturas en el país y en el exterior. Jugó al fútbol; ahora practica golf.