Por Juan Turello. Por momentos, Argentina suele estar aislada del resto del mundo en...
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Cuando el conflicto bancario se creía superado, una inesperada jugada del Gobierno lo colocó –otra vez- sobre el tapete. La decisión de pedir el juicio político a los jueces que fallaron a favor de la paritaria bancaria, galvanizó aún más la protesta de la CGT del 7 de marzo (7-M).
A través del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, el Gobierno nacional presentó el pedido de juicio político para los jueces Enrique Arias Gibert y Gracia Marino, que -durante la feria judicial- avalaron la paritaria que los bancarios habían firmado con los bancos nacionales (Adeba) y públicos (Abappra), con una suba de 24,3%. El Gobierno pretende que esta cifra no se tome de referencia para la negociación docente ni de los futuros convenios.
Los cargos contra los camaristas Arias Gibert y Marino son por mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad.
El planteo de la cartera de Triaca se fundó en que el Ministerio de Trabajo es el único organismo encargado de validar o no un acuerdo salarial. El juez Arias Gibert y los abogados laboralistas denunciaron un intento de avanzar sobre la legislación de los trabajadores.
Más allá de la disputa en torno de la interpretación del acuerdo de los bancarios –que lograron un aumento de 19,5% para este año, más cuatro puntos acumulativos (de allí el 24,3%) por el desfase de 2016-, la decisión galvanizó el reclamo de la CGT.
La movilización de la CGT, que logró el apoyo del PJ y del Grupo Esmeralda (Florencio Randazzo), es por el empleo y la producción, aunque tiene, además, un claro componente político.
El Gobierno cree que la marcha de la CGT , con el apoyo del PJ, favorece al macrismo para los comicios de 2017. La sociedad no tiene una buena imagen de la dirigencia sindical.
La central obrera se convirtió en el eje de la recuperación del peronismo tras la dura derrota ante Raúl Alfonsín en 1983. Los 13 paros nacionales y el enfrentamiento con el Gobierno radical permitieron la reagrupación de un peronismo disperso y la vuelta al poder de 1989 a 1999 («la década menemista»). La CGT apoyó luego en líneas generales al kirchnerismo (2003-2015), aunque endureció su postura tras la pelea de Hugo Moyano con Cristina Kirchner.
La decisión de enfrentar a la CGT por parte del gobierno de Macri se fundamenta en que la sociedad tiene una mala imagen de la dirigente sindical, por lo que -en la especulación oficial- esa actitud favorecería al macrismo en los comicios legislativos de 2017.