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Por Juan Turello. El ocasional arquero Alberto Fernández terminó con su cuerpo en la arena de la playa de Mar de Ajó sin poder atajar los penales que le patearon en un juego improvisado, señala la nota publicada en La Voz. La cómica escena encierra varias alusiones a un Gobierno que da la sensación de improvisar en sus actos y en sus decisiones para tratar de recuperar el respaldo de la sociedad y, a la vez, contener a sectores antagónicos en el Frente de Todos.
El “fulbito” del Presidente sucedía mientras en Corrientes miles de productores y agotados bomberos trataban de sofocar las llamas, que ya destrozaron casi 800 mil hectáreas, y con ello gran parte de la producción y de las reservas ambientales de esa provincia. Alberto Fernández no fue a Corrientes.
Un botón de muestra: mientras el Presidente y Martín Guzmán intentan un trabajoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar la deuda por 44.500 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri, se suceden voces oficiales -con Máximo Kirchner a la cabeza– que rechazan el convenio.
El cordobés Carlos Caserio -que respalda la idea de llegar a un acuerdo- asumirá como vicepresidente del Banco de la Nación, en el que uno de sus directores –Claudio Lozano– no sólo rechaza acercarse al FMI, sino que también presentó una denuncia judicial por el endeudamiento de Macri.
Los funcionarios que integran el Frente de Todos tienen diferentes posiciones en cada tema, según la agrupación a la que pertenecen.
Y siguen las contradicciones: desde que Roberto Feletti asumió la tarea de controlar los precios en octubre de 2021, los alimentos aumentaron 15,5%. En términos relativos, es 10% más que la inflación de los últimos cinco meses.
Sin admitir su fracaso, Feletti reclama ahora “más herramientas para que el Estado intervenga” en los mercados del tomate, la papa y la cebolla, cuyas variaciones estacionales tienen fuerte incidencia en el índice de precios, que en los últimos 12 meses aumentó 51%.
Grupos K que actúan en Desarrollo Social lanzaron la idea de crear una empresa nacional de alimentos para regular los precios de frutas y verduras.
La alusión de la vocera presidencial a que las empresas nacionales para control alimentos ya existen “en otros países”, contrasta con el fracaso que experimentó Venezuela, además de la ineficiencia y el exceso de empleados que caracterizan a las compañías estatales en la Argentina.
Más penales en contra. El déficit de esas empresas estatales pasó de 1.740 millones de dólares en 2017 a 3.800 millones de dólares en 2021, lo que equivale al 0,7% del producto interno bruto (PIB).
Las pérdidas de las firmas estatales están por encima del ajuste que el FMI exige para este año: una rebaja de 0,5% en relación con el 3% registrado en 2021.
En aquel período, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), que atiende los servicios de agua potable y de cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, tuvo pérdidas por 220 millones de dólares.
El gobernador Juan Schiaretti reclamó que esos servicios y los de Edenor y de Edesur, sean traspasados a sus respectivas jurisdicciones para evitar que las pérdidas sean pagadas por todos los argentinos, mientras que en tales distritos las tarifas son baratas en relación con las que se pagan en las provincias.
Todos los remedios sugeridos obvian que el Estado nacional es el principal generador de la inflación por la emisión de pesos. Un penal en contra.
Las consecuencias del “plan platita”, que se puso en marcha en septiembre y en octubre de 2021 para dar vuelta el resultado electoral, están a la vista.
La inflación fue de 2,5% en noviembre; de 3,8% en diciembre y de 3,9% en enero. Para este mes, se estima en torno al cuatro por ciento.
Más botones de muestra sobre lo que el Gobierno no dice: el 22% del precio del pan son impuestos; el 26% en el de la leche y alcanza al 28% en el de la carne, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada).
Sobre estos temas, el Gobierno no ataja los penales y el bolsillo de los argentinos pierde por goleada.